La situación judicial de Epa Colombia volvió a estar en el centro de la agenda pública tras conocerse la decisión de un juez de ejecución de penas que rechazó su más reciente petición para reducir o extinguir la condena que cumple desde 2023. La solicitud había sido presentada por su defensa con base en la Ley 2477 de 2025, enfocada en mecanismos de justicia restaurativa.
De acuerdo con la decisión judicial, no se cumplen los requisitos legales para otorgar ese beneficio, razón por la cual la sentencia que pesa sobre la influenciadora continúa vigente y deberá cumplirse en su totalidad bajo las condiciones ya establecidas.
¿Qué implica esta decisión para Epa Colombia?
Con este fallo, Epa Colombia deberá seguir cumpliendo la condena de 63 meses y 15 días de prisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. La determinación cierra, por ahora, una de las principales vías legales que su defensa había explorado para buscar una salida anticipada de prisión.
La creadora de contenido, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público e instigación a delinquir, tras vandalizar una estación de TransMilenio durante las protestas del paro nacional de noviembre de 2019. Los hechos fueron registrados y difundidos por ella misma a través de redes sociales, lo que fue determinante en el proceso judicial.
En su petición más reciente, la defensa argumentó que la Ley de Justicia Restaurativa permite priorizar la reparación del daño y la resocialización del condenado. Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de los delitos y su impacto sobre el orden público impiden la aplicación de ese beneficio, especialmente tratándose de una condena ya ejecutoriada por el alto tribunal.
Actualmente, Epa Colombia permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, tras ser trasladada desde la cárcel El Buen Pastor por razones de seguridad. La decisión conocida en las últimas horas confirma que no habrá cambios inmediatos en su situación jurídica.
Aunque su equipo legal no descarta acudir a otras instancias o explorar nuevos recursos, el panorama judicial para Epa Colombia sigue siendo complejo. El caso continúa generando debate nacional sobre los límites de la justicia restaurativa y su aplicación en hechos ocurridos en medio de protestas sociales, así como sobre el papel de las redes sociales en la comisión y difusión de delitos.
