Estos son los hallazgos fiscales que encontró la Contraloría en obras del Metro de Bogotá

La Contraloría General y la Contraloría de Bogotá detectan múltiples anomalías financieras y administrativas en contratos clave de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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En una reciente auditoría conjunta, la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá han revelado múltiples irregularidades financieras y administrativas en las troncales alimentadoras y complementarias de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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Panorama general: La auditoría identificó un total de 22 hallazgos administrativos significativos en los contratos relacionados con las troncales de la Avenida Carrera 68, Avenida Ciudad de Cali y extensión de la Avenida Caracas. De estos, 14 hallazgos presentan una presunta incidencia disciplinaria, mientras que uno de ellos destaca por su repercusión fiscal, estimada en $18.179 millones de pesos.

Contratos clave del Metro de Bogotá examinadas en auditoría

El hallazgo fiscal crucial se centra en la omisión de la deducción de tres estampillas distritales —Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el bienestar del adulto mayor, y Pro Cultura— en los pagos efectuados por Transmilenio a los contratistas del proyecto. Esta falta de deducción constituye un detrimento patrimonial notable, según lo determinado por las contralorías.

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Por qué es importante: La revisión abarcó la gestión de 20 contratos, divididos equitativamente entre obras y actividades de interventoría, con un valor global de $2,69 billones, representando el 71% del costo total de las troncales mencionadas. Se encontraron irregularidades adicionales, como la no deducción de órdenes de pago aprobadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), responsabilidad que recae en Transmilenio.

Tras finalizar la auditoría conjunta, la Contraloría General de la República ha asegurado mantener una supervisión continua sobre el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta vigilancia incluirá controles preventivos y concomitantes para salvaguardar los recursos públicos involucrados.

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