Si bien en Colombia es un derecho tener una propiedad privada y se supone que el Estado debe proteger a la persona en la defensa de este, ya desde hace muchos años se venía debilitando esta figura dejando desprotegidos y a merced a los verdaderos propietarios de predios en el país.
Editorial
Llevamos dos semanas intensas en las cuales se han analizado, debatido y cuestionado el decreto promulgado por el Ministerio de Agricultura con auspicio de la Presidencia de la República, en el cual impulsan unas marchas o despliegues campesinos por todo el país con el supuesto fin de apoyar la reforma agraria que el presidente Gustavo Petro siempre ha querido impulsar.
Es menester recordar que una de las grandes diferencias entre el mandatario colombiano y la exministra Cecilia López fue en el cómo, las formas y las maneras de implementar este proyecto. Si bien la exjefa de cartera siempre fue una convencida del respeto hacia la propiedad privada, sus esfuerzos para tratar de canalizar acuerdos entre todas las partes involucradas con el propósito de evitar expropiaciones, que un Gobierno que tenía esa sospecha de ejercer estas actividades, honrara sus promesas en notaria y no lo logró.
Si bien se hizo un acuerdo con Fedegán para comprar tierras y repartirlas, parece insuficiente. Y fuera de esto, desde el inicio del Gobierno Petro tenemos una serie de caravanas lideradas por campesinos en el Cauca, las cuales están infiltradas por organizaciones delincuenciales, criminales y terroristas que están buscando ocupar predios privados de compañías y personas naturales. Estos constan y tienen los soportes de la adquisición de estas tierras de una manera legal, pero que a pesar de tener todo lo que debería tener suficiente para que la Fuerza Pública y un juez los protegiera, esto no es así.
Además, de que han tenido que enfrentar invasiones a sangre y fuego a punta de quemas, extorciones, secuestros y chantajes en el departamento de Cauca y ya también en varios sectores del Valle del Cauca.
Hemos recogido con mucha preocupación en las últimas horas lo que se está sucediendo con la Finca del Toro y en Sucre, Córdoba. En estos sectores se vienen realizando otras movilizaciones de supuestos campesinos e indígenas de que hay infiltraciones de grupos terroristas en estas marchas e invasiones, pues estos no van armados con fusiles, granadas y camionetas de más de 150 millones de pesos. Estaremos de acuerdo que no parecen campesinos.
Lo que sucedió en la Finca del Toro es grave porque más de 72 bloques de personas escudadas en que no tienen tierra y son víctimas del conflicto armado, se tomaron esta propiedad en el municipio de Agustín Codazzi. La Fuerza Pública está maniatada y no puede actuar para proteger a los legítimos propietarios de los terrenos. Toda la narrativa de estos invasores tiene el apoyo de la ministra de Agricultura actual y del presidente Gustavo Petro.
El único argumento de estas personas es decir que son desplazados, no tienen dinero y señalan que con base en la reforma rural pueden acceder a estas tierras. Como ha pasado en varias partes, ellos van, invaden y se apropian para luego sacar sus beneficios.
Esto es una bomba de relojería muy grave, que si el Gobierno no le presta atención va a ver sangre en la arena y a Colombia no le conviene que se derrame más sangre, pues todo proceso de confrontación lastimosamente en su mayoría termina con conflicto. Si desde la presidencia toman la decisión de darle largas, proteger y apoyar a estos grupos seguramente se van a encontrar en distintos momentos con respuestas de personas indignadas que quieren proteger su tierra.
Colombia ha sido un país violento en todos sus frentes políticos, sus regiones y hay personas que no se van a dejar intimidar por estos escuadrones. Es obligación del Gobierno detener esta situación, apegarse a la Constitución Política y evitar conflictos que puedan ser lamentables para el país.
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