En los últimos días se conoció que el exsenador antioqueño Juan Diego Gómez y su hermano, David Orlando Gómez, enfrentan una denuncia penal por presunta estafa superior a 1.733 millones de pesos.
El caso que vincula al político de Antioquia está relacionado con la venta de dos lotes en Sabaneta, Antioquia. La familia Ramírez, denunció a Blu Radio haber entregado dinero, inmuebles y otros bienes a cambio de los terrenos que les ofrecieron los Gómez.
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El problema es que los denunciantes aseguran que los predios nunca pertenecieron a Juan Diego Gómez y su hermano, y hoy siguen a nombre de terceros.
Origen de la denuncia: terrenos en Sabaneta
Según la querella presentada, el 3 de junio de 2021 Juan Diego Gómez ofreció a los Ramírez dos predios tasados en 1.733 millones de pesos, pero condicionó la operación a que se firmara a través de su hermano, entonces gerente regional de la Central de Inversiones S. A. (CISA).
Las presuntas víctimas entregaron efectivo y propiedades como parte de pago, confiadas en la investidura política del exsenador. Meses después descubrieron que los terrenos ya estaban escriturados a nombre de una fiduciaria vinculada al proyecto Buenavista VIS y que los Gómez jamás tuvieron facultad para transferirlos.
La Fiscalía sostiene que los acusados “suscribieron compromisos económicos que han sido incumplidos uno tras otro”, por lo que les imputó estafa agravada por cuantía. La audiencia concentrada de acusación y conciliación fue citada para julio de 2025 en Medellín; allí los hermanos podrán aceptar cargos y obtener rebaja de pena o ir a juicio.
¿Quién es el exsenador antioqueño Juan Diego Gómez?
Juan Diego Gómez Jiménez (Medellín, 1975) es abogado de la Universidad de Medellín y militante del Partido Conservador. Entre 2004 y 2010 fue diputado de la Asamblea de Antioquia; luego pasó a la Cámara de Representantes (2010-2014) y al Senado (2014-2022), donde presidió la corporación entre 2021 y 2022.
En 2023 lanzó, sin éxito, su candidatura a la Gobernación de Antioquia, destacando seguridad y desarrollo como ejes de campaña. Analistas lo consideran un “barón electoral” del conservatismo paisa por su amplia red de respaldos regionales.
No es la primera vez que su nombre se ve envuelto en controversias. En 2021, una investigación periodística reveló negocios inmobiliarios con personas vinculadas al narcotráfico y embargos por deudas impagas. Más recientemente, la Corte Suprema abrió un expediente por supuestos lazos con la red de contrabando liderada por alias Papá Pitufo, hecho que él niega.
Marco jurídico y posibles penas
La conducta imputada se enmarca en el artículo 246 del Código Penal colombiano, que tipifica la estafa cuando se obtiene un “provecho ilícito” mediante engaño y error de la víctima.
Para montos superiores a 1.500 salarios mínimos, la ley prevé penas de 96 a 288 meses de prisión, aumentables si actúan varias personas o se abusa de confianza pública. Al ser un caso de “mayor cuantía” y existir eventual coautoría, la sanción podría acercarse al máximo, salvo que los procesados se allanen y consigan una rebaja de hasta el 50%.
Además de la cárcel, la Fiscalía podría solicitar medidas de reparación integral para las víctimas, incluidas restitución de bienes y pago de daños morales, siguiendo las pautas de la Ley 906 de 2004.
Escenario judicial y reacciones por el caso del exsenador
Juan Diego Gómez sostiene que nunca hizo negocios con los denunciantes y alega que cualquier investigación penal contra un congresista de su época compete a la Corte Suprema y no a la Fiscalía. Su defensa insiste en que la querella “carece de sustento” y la califica de calumniosa, posición similar a la que ha adoptado frente a otros señalamientos de corrupción.
Por su parte, los Ramírez descartan una conciliación extra-procesal tras varios compromisos incumplidos y buscan que el juez dicte sentencia ejemplar.
Próximas fechas clave
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Julio 2025: audiencia concentrada de acusación y posible aceptación de cargos.
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Agosto-septiembre 2025: eventual audiencia preparatoria si no hay preacuerdo.
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Finales de 2025: inicio de juicio oral, salvo acuerdo anticipado.
El proceso contra el exsenador antioqueño Juan Diego Gómez pone bajo la lupa la delgada línea entre poder político y negocios privados en Colombia. Más allá de la posible condena, el caso recuerda la necesidad de due-diligence ciudadana al involucrarse en operaciones inmobiliarias y la importancia de fortalecer los controles al patrimonio de los servidores públicos.
Si la justicia confirma los hechos, quedará claro que la investidura no exime del cumplimiento de la ley; si lo absuelve, se abrirá un debate sobre la eficacia del sistema para investigar a figuras de alto perfil. Mientras tanto, los ojos de Antioquia y del país estarán atentos al desenlace judicial.
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