Ante la creciente preocupación por el uso de teléfonos celulares en las cárceles para coordinar delitos como la extorsión, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una mesa de trabajo interinstitucional con las principales empresas de telecomunicaciones del país. El objetivo central es evaluar y definir nuevas medidas técnicas y operativas que permitan bloquear las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios.
La estrategia es liderada de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En las primeras sesiones de análisis han participado tanto el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la ministra de las TIC, Alexandra Falla, como representantes de los operadores móviles Claro, WOM y Tigo.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades y la industria de las telecomunicaciones radica en la viabilidad técnica de la restricción. El propósito es lograr que el bloqueo de señal sea efectivo dentro de los establecimientos penitenciarios sin perjudicar el servicio de telefonía móvil de los ciudadanos que residen o laboran en las zonas aledañas a los penales.
Por esta razón, los equipos técnicos de ambas carteras ministeriales y de las compañías operadoras se encuentran examinando a detalle los aspectos operativos necesarios antes de proceder con cualquier implementación.
Gobierno y operadores móviles instalan mesa de trabajo para bloquear celulares en cárceles
La problemática va más allá de una infracción al régimen penitenciario: las investigaciones apuntan a que los terminales móviles que ingresan de forma ilegal a las cárceles son utilizados por personas privadas de la libertad para impartir órdenes directas a estructuras delictivas que operan en las calles, con la extorsión como la modalidad más frecuente. Con estas acciones, el Ejecutivo busca cortar de raíz la capacidad de operación de las redes criminales desde el interior del sistema carcelario.
Por el momento, las medidas específicas aún no han sido definidas en su totalidad. No obstante, los ministerios de Justicia y TIC confirmaron que continuarán manteniendo espacios de diálogo y trabajo conjunto con los operadores móviles para concretar soluciones definitivas que refuercen la seguridad ciudadana y neutralicen el uso ilegal de la tecnología tras las rejas.
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