La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia y el Ministerio de Transporte enfrentan una de las disputas legales más relevantes de los últimos años. El Tribunal de Arbitramento ordenó el pago de una indemnización cercana a los 1,3 billones de dólares estadounidenses al consorcio Perimetral Oriental de Bogotá (POB), tras concluir que el concesionario cumplió con las obligaciones contractuales, incluso en medio de obstáculos que impidieron la ejecución de las Unidades Funcionales (UF) 4 y 5 del proyecto.
Impactos del fallo sobre la Perimetral Oriental de Bogotá: ¿qué sigue para el proyecto?
El fallo determinó la terminación anticipada del contrato, tal como lo solicitó la ANI, poniendo fin a un proceso marcado por controversias técnicas y administrativas.
Liderado por el grupo israelí Shikun & Binui y el colombiano Grodco, fue exonerado de toda responsabilidad relacionada con las problemáticas que paralizaron estas dos unidades clave. El Tribunal reconoció que, pese a las dificultades, POB cumplió con los compromisos de operación y mantenimiento establecidos en el contrato.
El proyecto Perimetral Oriental de Bogotá nació como una propuesta estratégica para mejorar la conexión entre el norte de Bogotá y la vía al Llano, a través de un trazado que incluía la construcción de nuevas vías y la rehabilitación de tramos existentes.
Dividido en cinco Unidades Funcionales, el objetivo era mejorar la movilidad regional y ofrecer una alternativa eficiente para conectar localidades como La Calera, Choachí y Cáqueza.
Sin embargo, el avance real del proyecto, tras más de ocho años de ejecución, apenas alcanza un 50%, dejando inconclusas las obras en los tramos 4 y 5. Estas unidades eran fundamentales para consolidar la conexión entre los municipios mencionados, pero problemas de planificación y la falta de permisos adecuados llevaron al estancamiento del proyecto.
Impactos económicos, sociales y ambientales
La indemnización de US$1,3 billones, según lo informado, será dividida entre las empresas del consorcio. Shikun & Binui, la compañía israelí que lidera el proyecto, recibirá cerca de la mitad del monto, con el cual espera cubrir costos operativos y compensar pérdidas de ganancias. A pesar de esto, persisten dudas sobre los tiempos y mecanismos para efectuar el pago, generando incertidumbre en el sector.
Más allá de los aspectos financieros, el impacto social y ambiental de la obra también ha sido objeto de debate. Comunidades locales han protestado por la instalación de nuevos peajes y el daño a los ecosistemas cercanos.
En zonas afectadas como Choachí, habitantes han señalado que los trabajos han perjudicado el turismo, una de las principales actividades económicas del lugar, y han alterado áreas naturales de gran valor ecológico.
El fallo no solo obliga al Estado colombiano a asumir un pago multimillonario, sino que también reaviva el debate sobre la eficiencia en la planeación de grandes proyectos de infraestructura. Organizaciones sociales y expertos han cuestionado las deficiencias en los estudios iniciales y los procesos de licitación, señalando que estas fallas estructurales suelen traducirse en sobrecostos y atrasos significativos.
Por ahora, el Ministerio de Transporte no ha emitido comentarios oficiales respecto al fallo, ni sobre los planes para garantizar la finalización del proyecto. Entretanto, POB ha reiterado su disposición a trabajar junto con la ANI y otras autoridades para buscar soluciones que permitan avanzar con las obras pendientes, siempre priorizando el bienestar social, económico y ambiental del país.
El caso Perimetral Oriental de Bogotá se convierte en un llamado de atención para el Gobierno colombiano en su gestión de megaproyectos. Si bien el objetivo inicial del proyecto era promover el desarrollo y la conectividad en la región, la falta de previsión y los conflictos legales han generado resultados opuestos: obras inconclusas, daños colaterales a las comunidades y un alto costo para las arcas públicas.
En un contexto en el que Colombia busca posicionarse como un país con infraestructura moderna y eficiente, este fallo podría marcar un precedente en la manera en que se estructuran, ejecutan y supervisan los proyectos de concesión. La prioridad ahora será garantizar que situaciones similares no se repitan, aprendiendo de los errores cometidos y promoviendo una gestión más transparente y responsable.
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