La Fiscalía General de la Nación dio un paso clave en uno de los casos de corrupción más sensibles del país al formalizar la acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El ente investigador radicó este martes el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con lo que se abre oficialmente la etapa de juicio contra quienes ocuparon las carteras de Hacienda e Interior durante el actual gobierno.
Fiscalía acusa a exministros por corrupción en la UNGRD y avanza proceso en la Corte Suprema
Este nuevo movimiento judicial representa un avance determinante dentro del proceso que busca establecer responsabilidades en el entramado de irregularidades que salpicó a la UNGRD, una entidad clave en la atención de emergencias y desastres en el país.
De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían tenido un rol central en una red que, presuntamente, direccionaba contratos de alto valor económico.
Las investigaciones apuntan a que estos recursos habrían sido canalizados a través de entidades como la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías), con el objetivo de garantizar apoyos políticos en el Congreso a iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional.
El caso tomó mayor relevancia en diciembre de 2025, cuando la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos exministros. La decisión incluyó su captura inmediata, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de interferencia en el proceso judicial.
Durante la diligencia, Velasco reaccionó con sorpresa ante la determinación judicial. Según se conoció, el exministro manifestó su disposición a atender el requerimiento de las autoridades sin necesidad de operativos, en una frase que reflejó su desconcierto frente a la orden de captura.
En esa misma providencia, el Tribunal negó la posibilidad de que los exfuncionarios cumplieran la medida de aseguramiento en sus domicilios.
El despacho argumentó que la naturaleza de los delitos investigados exigía una medida más estricta, al tiempo que advirtió que la permanencia en sus residencias podría facilitar eventuales maniobras para obstaculizar la investigación.
Asimismo, la autoridad judicial hizo un llamado de atención a la Fiscalía al señalar que había incurrido en un error al solicitar inicialmente la detención domiciliaria. Según explicó el Tribunal, este tipo de medida no puede plantearse como opción principal, sino únicamente como sustitución de una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
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A Bonilla y Velasco se les atribuyen los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Pese a la gravedad de las acusaciones, ambos se han declarado inocentes y han insistido en que demostrarán su no participación en los hechos que se les imputan.
El caso también generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su respaldo a Ricardo Bonilla. En su mensaje, el mandatario calificó la detención del exministro de Hacienda como arbitraria y aseguró que responde a motivaciones políticas.
Según el jefe de Estado, Bonilla sería víctima de persecución por parte de sectores opositores que, en su concepto, estarían utilizando instituciones del Estado para afectar a su gobierno. Las declaraciones del presidente han avivado el debate en torno a la independencia de la justicia y el alcance de las investigaciones en curso.
Mientras avanza el proceso judicial, el país permanece atento a las decisiones que adopte la Corte Suprema de Justicia en este caso, que podría tener profundas implicaciones tanto en el ámbito político como en la lucha contra la corrupción en Colombia.
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