El panorama judicial del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, se tornó crítico este jueves. Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación en su contra, señalándolo como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
El caso, que sacudió la administración pública en 2023, se centra en las decisiones tomadas por Leyva durante el proceso de Licitación Pública No. 001 de 2023. Este contrato, fundamental para la soberanía y movilidad del país, tenía como objeto la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, además de la impresión de etiquetas para visas colombianas.
Panorama general: De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, el proceso licitatorio había seguido los cauces legales hasta que el Comité Evaluador determinó que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con todos los requisitos técnicos y financieros. Al obtener el mayor puntaje, el comité recomendó oficialmente la adjudicación del contrato a dicho proponente.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, mediante la Resolución 7485, el entonces ministro Leyva decidió declarar desierta la licitación. El ente acusador sostiene que esta medida se tomó de forma arbitraria, ignorando que existía un oferente plenamente habilitado para ejecutar el servicio.
Aunque Leyva argumentó en su momento que buscaba proteger los principios de libre concurrencia e igualdad, la Fiscalía fue tajante al afirmar que dichas razones no tenían el sustento legal necesario para frenar la adjudicación.
Caso pasaportes: Fiscalía acusa a Álvaro Leyva ante la Corte Suprema
La secuencia de hechos documentada por la justicia muestra una celeridad administrativa que hoy es cuestionada. Tan solo un día después de declarar desierto el proceso, y tras rechazar un recurso de reposición del oferente afectado, Leyva emitió la Resolución 7541.
A través de dicho documento, declaró la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la Fiscalía, esta maniobra se realizó sin cumplir con los presupuestos legales exigidos por la ley de contratación pública, lo que habría permitido evadir el proceso ordinario de selección.
Por qué es importante: Durante la diligencia de este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue reconocido formalmente como víctima dentro del proceso.
Con la acusación ya radicada, la pelota queda en el campo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que deberá programar la audiencia preparatoria. En esta etapa, la defensa del exministro y la Fiscalía descubrirán las pruebas que pretenden hacer valer en un juicio que promete ser uno de los más emblemáticos sobre responsabilidad penal de altos funcionarios en el manejo de la contratación pública.