En una jornada sin precedentes para el comercio nacional, la Fiscalía General de la Nación desplegó este lunes un operativo masivo contra la reconocida cadena de ropa interior Lili Pink. La diligencia judicial, que incluyó allanamientos simultáneos en más de 300 establecimientos comerciales, busca desarticular una presunta red dedicada al lavado de activos y el contrabando de textiles que habría operado bajo la fachada de la marca durante años.
Desde las primeras horas del día, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hicieron presencia en los principales centros comerciales de Bogotá, Medellín, Cali y otras capitales del país. La magnitud de la intervención ha generado un fuerte impacto en las zonas comerciales más concurridas, donde los locales fueron sellados de manera preventiva mientras se avanza en el proceso de extinción de dominio.
Así fue el operativo masivo del CTI y la SAE contra los activos de Lili Pink
Según las primeras investigaciones, el ente acusador rastrea movimientos financieros sospechosos vinculados a la expansión «relámpago» de la compañía, la cual llegó a sumar más de 500 puntos de venta en poco tiempo. Las autoridades sospechan que capitales de origen ilícito fluyeron a través de la sociedad comercial y que gran parte de la mercancía ingresó al país eludiendo los controles aduaneros de la DIAN, afectando la libre competencia en el mercado textil.
El expediente judicial pone en el centro de la investigación a los fundadores y principales gestores de la marca, entre ellos los hermanos Max y David Abadi dueños de Lili Pink. Las pesquisas sugieren conexiones con holdings en Panamá y transacciones internacionales que no coincidirían con los registros contables oficiales.
Durante el operativo, además de la toma de control físico de los locales, se han realizado capturas de personas vinculadas a la administración de la firma. Los investigadores también han puesto bajo custodia miles de prendas de vestir y archivos digitales que serían clave para demostrar cómo se blanquearon dineros a través de las ventas masivas de ropa interior y accesorios de bajo costo.
Ante la gravedad de los hechos, la compañía emitió un comunicado oficial en el que aseguran estar atendiendo los requerimientos de las autoridades de manera responsable. La empresa hizo un llamado a la Fiscalía y a la SAE para que se proteja la continuidad de la marca, argumentando que de su operación dependen miles de empleos directos e indirectos en Colombia.
A pesar de este llamado, el proceso legal apenas comienza. Muchos de los establecimientos intervenidos podrían pasar a ser administrados provisionalmente por el Estado mientras se resuelve el juicio de extinción de dominio. Por ahora, la incertidumbre reina entre los empleados y aliados estratégicos de una de las marcas más populares del país, cuya infraestructura hoy se encuentra bajo el control de la justicia.
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