La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay avanza hacia una nueva etapa determinante. La Fiscalía General de la Nación confirmó que imputará cargos a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en decisiones relacionadas con el esquema de seguridad del congresista antes del atentado que le costó la vida.
La diligencia judicial fue programada para el 11 de febrero y se centrará en los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción, vinculados a la evaluación y asignación de las medidas de protección solicitadas por Uribe Turbay en los meses previos al ataque.
Fiscalía avanza en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Desde antes del crimen, la familia del senador había advertido sobre posibles omisiones del Estado. Víctor Mosquera, abogado de los allegados del político, aseguró que Miguel Uribe elevó múltiples solicitudes formales para reforzar su seguridad, argumentando amenazas directas contra su vida en medio de su actividad política.
El 7 de julio de 2025, cuando el entonces precandidato permanecía en estado crítico en la Clínica Santa Fe, Mosquera denunció públicamente una conducta negligente por parte de las autoridades. Posteriormente, según explicó el jurista, un juez concluyó que la protección otorgada fue insuficiente y que existieron decisiones injustificadas dentro de la entidad encargada de garantizar la seguridad del dirigente político.
La imputación al director de la UNP se suma a los avances judiciales registrados a finales de 2025 contra la estructura criminal responsable del magnicidio en Colombia. El 30 de diciembre, la Fiscalía imputó nuevos cargos a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, señalado como el principal coordinador del atentado.
Días antes, el 1 de diciembre, fue acusado William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, por su participación en la logística de fuga y por presuntamente desviar la investigación penal mediante la comercialización de teléfonos móviles relacionados con el caso.
El proceso ya dejó las primeras condenas. Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso siete años de privación de la libertad al menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay. El joven fue capturado en flagrancia el 7 de junio por el esquema de seguridad del senador y aceptó cargos por homicidio y porte ilegal de armas, tras establecerse que fue reclutado específicamente para ejecutar el ataque.
Las pesquisas permitieron identificar a otros integrantes de la cadena criminal, entre ellos Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de modificar el arma utilizada, y Jhorman David Mora Silva, quien habría contactado al menor desde un centro carcelario. También fue vinculada Katerine Andrea Martínez, investigada por el traslado del armamento desde Suba.
Hasta el momento, nueve personas están formalmente vinculadas al expediente. La Fiscalía mantiene el foco en identificar a los autores intelectuales del crimen, destacando la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, señalado como intermediario entre la banda delincuencial y quienes habrían ordenado el asesinato.
Tras la muerte del senador el 11 de agosto, el caso fue reclasificado oficialmente como magnicidio, manteniendo abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer responsabilidades y determinar quién dio la orden final del crimen que sacudió al país.
