Según la Fiscalía General de la Nación, los exfuncionarios de la ANI aprobaron 5 adiciones al contrato de concesión 01 de 2010 para construir un tramo vial de 528 kilómetros en la Ruta del Sol II.
Por: Redacción 360 Radio
Un fiscal del Caso Odebrecht, del Grupo de Tareas Especiales, presentó ante un juez de control de garantías en Bogotá a 7 exfuncionarios de la ANI – Agencia Nacional de Infraestructura-, quienes están presuntamente implicados en irregularidades contractuales llevadas a cabo en la construcción de un tramo de la Ruta del Sol II.
#ATENCIÓN | Imputados siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que habrían realizado maniobras ilícitas para favorecer al concesionario Ruta del Sol II. pic.twitter.com/7m9DQs9jYp
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 16, 2023
Los implicados, según la Fiscalía habrían “proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosies al contrato 01 de 2010” que en su momento generaron “beneficios técnicos, jurídicos y financieros” al concesionario del cual hacia parte Odebrecht.
La Fiscalía es enfática en que los implicados “habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad” ya que los otrosies “no contaban con los estudios sólidos técnicos de conveniencia ni de planeación”.
Esto conllevó a que estas personas incurrieran “en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado sin terminar el proyecto “, dice la Fiscalía.
Dos de los otrosies ampliaron para la ejecución de algunos tramos. Esto fue la manera en la que el concesionario de Odebrecht “evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas de más de 35 mil millones de pesos por incumplimientos”, según el comunicado de la Fiscalía.
Por otra parte, la Fiscalía también advierte que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, lo cual le permitió al concesionario de Odebrecht acceder a un anticipo de 17.823 millones “al que no tenía derecho”.
Estos actos ocasionaron, en cálculos de la Fiscalia, una afectación financiera de la ANI por 2.227 millones. El delito imputado fue interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los implicados aceptó.
Los implicados son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. También los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
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