En un reciente análisis, Fitch Ratings ha destacado que los desafíos fiscales continúan siendo un factor limitante significativo para la calificación soberana de Colombia. La agencia de calificación de riesgos señaló que, a pesar de las proyecciones macroeconómicas realistas presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno de Gustavo Petro, persisten riesgos considerables relacionados con los déficits de ingresos y las presiones del gasto público.
Panorama general: La evaluación de Fitch Ratings llega poco después de que Moody’s rebajara la perspectiva de Colombia de estable a negativa, manteniendo, sin embargo, el grado de inversión. Fitch enfatizó que aunque el Marco Fiscal incluye medidas destinadas a cumplir con la regla fiscal del país este año, los grandes déficits fiscales, junto con el aumento proyectado en la carga de la deuda pública y la falta de credibilidad en la política fiscal, continúan siendo motivo de preocupación.
¿Cuáles son los desafíos fiscales persistentes en Colombia, según Fitch Ratings?
«Teniendo en cuenta los últimos anuncios del Gobierno, nuestras previsiones actualizadas sugieren que la relación deuda/PIB volverá a aumentar este año y superará el 58% en 2026, destacando cómo la calificación soberana ‘BB+’/Estable de Colombia sigue estando limitada por los desafíos fiscales, así como por su alta dependencia de las materias primas y los déficits estructurales de cuenta corriente», afirmó Fitch.
Por qué es importante: La agencia recordó que el crecimiento económico de Colombia se estancó en el año anterior, con un modesto aumento del PIB del 0,6%. Aunque el Marco Fiscal proyecta una aceleración del crecimiento del PIB real para los próximos años, Fitch advirtió que los objetivos de déficit primario podrían ser difíciles de alcanzar, especialmente después de revisiones al alza debido a menores ingresos y mayores costos de intereses.
«El impacto en los ingresos ha sido más pronunciado de lo anticipado, derivado en parte del fallo de la Corte Constitucional de 2023 sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las empresas extractivas y la falta de un nuevo proceso de arbitraje eficiente para resolver disputas fiscales», agregó la agencia.
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