En el presupuesto de 2027, Colombia pagará cerca de $155,4 billones en servicio de deuda. De esa cifra, alrededor de $90 billones son solo intereses: casi lo mismo que se destina a educación, y bastante más que todo el gasto en salud. Ese número no lo firmó un presidente en particular. Lo venimos construyendo, gobierno tras gobierno, desde hace más de una década.
Conviene decirlo con precisión, porque es tentador simplificar: no es correcto sostener que el gobierno de Gustavo Petro «se endeudó» a tasas superiores al 13%. Lo que ocurrió es distinto y, en el fondo, más grave: los TES colombianos llegaron a cotizarse en el mercado por encima de esos niveles como consecuencia de un deterioro fiscal que no empezó con Petro ni terminará señalándolo solo a él.
El gasto público colombiano viene expandiéndose de forma indiscriminada desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos, y ha seguido creciendo, con distintos matices, en el segundo gobierno de Santos, en el de Iván Duque y en el de Petro. Cuatro gobiernos, tres sensibilidades políticas distintas, una misma tendencia: más entidades, más direcciones, más subgerencias, más plantas paralelas. El mercado no le cobra caro a un color político. Le cobra caro a un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo.
La factura no tiene color político: por qué Colombia necesita adelgazar el Estado y negociar bien con el FMI
Ese patrón tiene nombre técnico y también tiene rostro conocido en cualquier región del país: la nómina paralela. Entre 2022 y 2025, el valor de los contratos de prestación de servicios usados para sostenerla pasó de $12,1 billones a $19,3 billones: un salto de $7,2 billones en solo tres años, con hasta 900.000 contratistas anuales y un pasivo contingente que supera los $5 billones por eventuales demandas laborales. Detrás de esas cifras hay una figura que cualquier colombiano reconoce sin necesidad de que se la expliquen: la persona con cuatro o cinco contratos simultáneos en distintas entidades del Estado, que jamás ha entregado un informe, y que los tiene porque es cercana a un congresista. Eso no es función pública. Es clientelismo con recibo de pago.
Y aquí es necesario ser claros sobre lo que este editorial no está proponiendo. No se trata de desmantelar el Estado. Un país con los rezagos sociales, la conflictividad y la desigualdad territorial de Colombia no puede darse el lujo de un Estado mínimo que se retire de la salud, la educación, la justicia o la seguridad. La discusión no es tamaño cero o tamaño actual. Es grasa versus músculo. El Estado colombiano necesita reducir adiposidad, no amputarse una pierna. Y esa cirugía se hace identificando con bisturí, no con motosierra, cuáles entidades duplican o triplican funciones que ya cumple otra dependencia, cuáles contratos de prestación de servicios no le agregan ningún valor diferenciable a la operación del Estado, y cuáles cargos existen solo porque alguien tiene que pagarle un favor electoral a alguien más.
La tarea, entonces, tiene que hacerse en dos frentes al mismo tiempo, no en uno después del otro. El primer frente es interno: el recorte estructural del gasto improductivo, entidad por entidad, contrato por contrato, sin miedo a que el escándalo salpique a gobiernos de cualquier signo, incluidos los aliados políticos del actual.
El segundo frente es externo, y es donde entra el Fondo Monetario Internacional. El FMI y el Tesoro de Estados Unidos ya ofrecieron asistencia técnica al gobierno de Abelardo de la Espriella para ordenar las finanzas públicas, y hay conversaciones en curso con el Banco Mundial, el BID y la CAF para respaldar la operación.
Si el gobierno logra convertir esa asistencia en un acuerdo formal y bien negociado —un préstamo o una garantía multilateral que permita salir a matar la deuda cara, esos TES colocados a tasas de usura de mercado, y reemplazarla por financiamiento con intereses razonables— el ahorro anual en servicio de deuda se contaría en billones de pesos. Billones que hoy se van en pagar intereses y que podrían, en cambio, financiar hospitales, vías terciarias o el propio ajuste fiscal que el país necesita.
Pero ahí está el punto que no se puede omitir, así incomode a quienes ya celebran la posibilidad de un préstamo como si fuera la solución completa: refinanciar la deuda sin cerrarle la llave al gasto improductivo es aplazar la crisis, no resolverla.
Si Colombia consigue billones más baratos y, al mismo tiempo, sigue alimentando nóminas paralelas y contratos de favor, en tres o cuatro años estaremos exactamente en el mismo lugar, con una deuda distinta pero con el mismo vicio de fondo. El Fondo Monetario no es una varita mágica ni una amenaza a la soberanía, como durante años quiso presentarlo cierto discurso político. Es una herramienta técnica. Y como toda herramienta, su utilidad depende de la disciplina de quien la usa.
Colombia no necesita elegir entre austeridad y negociación internacional. Necesita las dos cosas, ejecutadas con seriedad y de manera simultánea. Un Estado más liviano en su gasto burocrático y clientelista, y una estrategia de manejo de deuda inteligente que aproveche el respaldo técnico que hoy ofrecen el FMI y Washington para bajar el costo de financiarnos. Lo primero le devuelve al Estado legitimidad para pedir sacrificios; lo segundo le da oxígeno fiscal para sostenerlos en el tiempo.
La pregunta que debe hacerse el país no es si el FMI es bueno o malo, ni de qué gobierno es culpa la factura que hoy pagamos. La pregunta es si, por primera vez en más de una década, un gobierno colombiano —de cualquier origen ideológico— va a tener el valor de tocar simultáneamente los dos intereses más protegidos de la política nacional: el burocrático y el financiero.
Si el gobierno de Abelardo de la Espriella logra ese doble ajuste, dejará algo más valioso que una cifra fiscal ordenada: la prueba de que en Colombia sí es posible cortar la grasa del Estado sin amputarle las piernas, y negociar con el mundo sin arrodillarse ante él.
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