Han pasado dos meses desde el terremoto del 10 de agosto y, para miles de familias, el tiempo se mide de otra manera: en noches fuera de casa, en arriendos que no alcanzan a pagar, en paredes agrietadas que nadie ha vuelto a revisar. A 360 Radio han llegado testimonios de damnificados que aseguran que los auxilios para arriendo o reparación nunca les llegaron. No son quejas de oficio. Son la voz de quienes lo perdieron casi todo y todavía esperan.
Los organismos de control confirman que ese malestar tiene fundamento. Tras recorrer Risaralda, Quindío y Caldas, la Procuraduría advirtió el 5 de octubre que hay familias por fuera del Registro Único de Damnificados, que ese registro se cerró el 4 de septiembre cuando aún no terminaban las evaluaciones técnicas y que los auxilios no han llegado a todos ni se han repartido de manera homogénea. En el Chocó, la UNGRD anunció en septiembre pagos por más de 3.324 millones de pesos en 14 municipios, pero no existe un balance público de cuántas familias cobraron. En Dosquebradas, el conteo municipal de hogares afectados supera con holgura el que aparece en la base nacional, y la Gobernación de Risaralda pidió abrir una nueva etapa de inscripción.
Entre la urgencia y el debido proceso
Hay que decirlo con franqueza: no todo retraso es negligencia. El Estado no puede girar recursos públicos sin verificar quién es damnificado, qué vivienda quedó inhabitable y quién es el jefe del hogar. Esos filtros existen para que el dinero no termine en manos equivocadas, como ha ocurrido en emergencias anteriores en el país. La inscripción en el registro, el certificado de residencia y la clasificación técnica de la vivienda no son caprichos burocráticos.
Pero los controles no pueden convertirse en un muro. Más de 1.300 sismos asociados han agravado daños después de las primeras evaluaciones, y las plataformas oficiales, según la Procuraduría, no permiten actualizarlos con facilidad. Faltan ingenieros estructurales y maquinaria para demoler y retirar escombros. Una familia cuya casa empeoró en septiembre no puede quedar excluida porque el formulario se cerró a comienzos de ese mes.
El presidente Abelardo de la Espriella lo reconoció al anunciar que el fondo estaba listo: pidió paciencia y habló de “la paquidermia del Estado”. El diagnóstico es acertado. La conclusión no puede ser resignarse a él. Si el Estado es lento por naturaleza, la tarea del Gobierno es obligarlo a moverse a una velocidad excepcional. No basta con avanzar rápido. Hay que avanzar demasiado rápido, y dejando huella de cada paso.
Un fondo en buenas manos
El Fondo Milagro arranca con cerca de un billón de pesos, y el Gobierno prevé sumar otros 2,7 billones en noviembre. Celebramos la composición de su dirección. El gerente Jaime Uribe y empresarios como Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina, y Arturo Calle tienen pergaminos de sobra y saben lo que significa ejecutar con eficiencia y rendir cuentas. Su presencia le da seriedad al fondo. Según lo anunciado, la primera asignación, de unos 627.000 millones de pesos, irá a demoliciones, retiro de escombros y un censo detallado de daños. Es la prioridad correcta, siempre que ese censo sirva también para incluir a quienes quedaron por fuera del registro.
Precisamente por eso conviene que arranque con las reglas a la vista. Los manuales operativo y de contratación deben aprobarse cuanto antes y publicarse completos. Cada contrato tiene que estar en Secop, cada giro debe poder rastrearse y los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas necesitan un canal formal para presentar prioridades y alertas. La transparencia no frena la velocidad; la protege de la sospecha. Aquí no se puede perder un solo peso, y la prioridad tienen que seguir siendo las víctimas.
Construir mejor, no solo reconstruir
Toda reconstrucción tiene una tentación peligrosa: volver a levantar lo mismo que se cayó. Sería un error. Colombia cuenta con una norma sismorresistente, la NSR-10, y con capacidad técnica para que las nuevas viviendas, colegios, hospitales y puentes resistan el próximo sismo. La meta no debe ser devolverles a las familias lo que tenían. Debe ser entregarles algo mejor y más seguro, construido desde cero cuando haga falta, con títulos en regla y servicios públicos completos.
La reactivación también es reconstrucción
El golpe no fue solo físico. En el Quindío, según su gobernador, la ocupación hotelera cayó de cerca del 80 % a niveles de entre 15 % y 20 %. El Parque del Café pasó de recibir unas 2.500 personas un domingo a 700 u 800. Cali calcula en unos 10 billones de pesos el costo de su recuperación. Detrás de esas cifras hay meseros, guías, conductores y pequeños comerciantes que viven del visitante.
Invitamos a los colombianos y a los extranjeros a volver al Eje Cafetero, al Valle y al Pacífico. Pero el turismo no regresa por decreto. Necesita hoteles en pie, vías transitables, comercio abierto, aeropuertos funcionando con normalidad y una Fuerza Pública presente que garantice la seguridad. Eso también es reconstrucción, y el Estado tiene que volcarse a ella con la misma urgencia que a la vivienda.
El terremoto duró unos segundos. La reconstrucción tomará años. Lo que se decida en las próximas semanas definirá si estas regiones recuerdan el 10 de agosto como el día en que todo se vino abajo o como el comienzo de algo mejor.
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