Durante el Consejo de ministros televisado hace una semana, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, avivó el debate al señalar al empresario Diego Marín, conocido como «Papá Pitufo», como un actor clave en el escándalo de financiamiento electoral.
El escándalo de financiamiento que sacude al Gobierno de Gustavo Petro
Rodríguez, considerado uno de los funcionarios más cercanos a Petro, mencionó los presuntos aportes económicos del empresario a la campaña como una de las razones por las cuales Armando Benedetti no debería ocupar el cargo de jefe de Despacho. «El tema del señor Pitufo comenzó con él Benedetti y no sé dónde va a terminar», afirmó Rodríguez en la reunión.
Estas declaraciones han intensificado la controversia sobre el rol de Benedetti en el Gobierno, al tiempo que el caso sigue ganando relevancia en la esfera pública.
Las declaraciones de Rodríguez no pasaron desapercibidas. Dos días después del Consejo de Ministros, Benedetti presentó una denuncia contra el director de la UNP por calumnia e injuria, negando cualquier vínculo con Diego Marín y rechazando las acusaciones de haber facilitado su participación en la campaña. Además, lo acusó de abuso de autoridad e investigaciones ilegales en su contra.
Mientras tanto, Rodríguez ha recibido respaldo de sectores políticos cercanos al presidente. El senador Iván Cepeda, una de las figuras más influyentes del petrismo en el Congreso, salió en su defensa con un contundente mensaje en redes sociales: «Augusto Rodríguez es un hombre recto, justo y transparente. Lo protegeremos de cualquier ataque aleve. La gente decente tiene quien la defienda».
El escándalo ha tomado una nueva dimensión con las revelaciones de la revista Cambio, que investigó el flujo del dinero presuntamente aportado por Marín a la campaña de Petro.
Según la publicación, ingresaron 500 millones de pesos (aproximadamente 120.000 dólares) a través del empresario español Xavi Vendrell. Petro, al enterarse, ordenó la devolución del dinero y aseguró que se grabó la operación como prueba de transparencia. No obstante, la investigación periodística sugiere que otros fondos de Marín sí habrían terminado en la campaña.
El presidente Petro ha intentado desmarcarse de las acusaciones. En un mensaje publicado en redes sociales el pasado 2 de febrero, reconoció que Diego Marín intentó infiltrar su campaña y su Gobierno, pero enfatizó que los recursos fueron devueltos en cuanto se identificó su procedencia.
Además, reiteró su solicitud a Portugal para acelerar la extradición del empresario, a quien describe como el mayor contrabandista de Colombia y un presunto lavado de dinero del narcotráfico.
Petro también ha cuestionado la cobertura mediática del caso, señalando que las investigaciones han puesto el foco en su campaña, pero han ignorado los presuntos vínculos de Marín con otros sectores políticos.
Mientras la controversia sigue escalando, la crisis de Gabinete deja en evidencia la creciente fragmentación dentro del Gobierno de Petro.
Las tensiones entre funcionarios claves, las denuncias cruzadas y la sombra de financiamientos irregulares han puesto al presidente en una posición delicada, con un equipo dividido y una oposición cada vez más fortalecida.
El caso de «Papá Pitufo» no solo representa un desafío legal y político, sino que también ha reabierto el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral en Colombia. En un escenario donde la credibilidad del Gobierno está en juego, las próximas semanas serán cruciales para determinar el impacto real de este escándalo y su posible repercusión en la estabilidad del Ejecutivo.
Lea también:Top 10: Planes y regalos de San Valentín para dar y hacer en Bogotá y Medellín