Nuestro editorial del día 10 de agosto del 2021 ha recibido tanto críticas como elogios; y entendemos que el carácter de un acontecimiento tan grave como este suscita ese tipo de reacciones en un país que está totalmente polarizado y en el que a diario se conocen actos de corrupción en los proyectos. (Internet)
Lo que este medio de comunicación ha tratado de poner sobre la mesa desde hace un buen tiempo es que se aparte, se aleje toda clase de color político, ideología, falacias, opiniones irresponsables, medias verdades, prejuicios o predisposiciones de un contrato que es, no solamente muy grande, que es atípico y que tiene una loable y sensible meta que se ha constituido en una deuda del país con las regiones más abandonadas por cuenta de la misma ausencia del Estado en distintos frentes.
Pero que en este caso, en medio de una pandemia, en medio de unos retos gigantes que la Zona B de Colombia tiene, esta zona contemplada en la licitación que se adjudicó, que se pongan los derechos de los niños por encima del país, por encima de Centros Poblados, por encima del MinTIC, porque los derechos de los niños son universales y hace poco el internet fue declarado un servicio fundamental en Colombia.
Entonces, si la licitación fue adjudicada al consorcio Unión Temporal Centros Poblados, si la licitación hasta el momento transcurrió con tranquilidad y no existen dudas ni denuncias sobre ese proceso, pero durante el mismo proceso de ejecución del contrato existió eventualmente una irregularidad, como la presentación de una póliza que constituyen tres garantías, que aparentemente según la información preliminar no son válidas y por tanto el Ministerio de las Telecomunicaciones ha declarado que es una póliza inexistente, lo que le corresponde al Estado es:
- 1: Estudiar lo consagrado dentro de ese contrato de aporte, que es un contrato atípico, -insistimos-, que tiene unas causalidades y unos flecos distintos a los contratos normales a los que celebra el Estado
- 2: Dice el contratista que presentó ante la Fiscalía la denuncia pertinente por cuenta de la presunta falsedad en la póliza.
- 3: MinTIC, en cabeza de Karen Abudinen, también presentó denuncias antes los entes competentes para que también investiguen esto, -este es el conducto regular por el cual se debe actuar y son las autoridades quienes deben comenzar con las investigaciones de dichas partes-.
- 4: El anticipo, «una mentira repetida 100 mil veces puede constituir una verdad para muchos» es no solamente irresponsable que desde cuentas falsas se acuse a una ministra de robarse 70 mil millones de pesos, cuando esta es una acusación sin fundamentos, sin pruebas, sin una sola denuncia ante un ente de control. -Pues, si alguien tuviese las pruebas de que Karen Abudinen se robó los 70 mil millones que vaya ante la Fiscalía y la denuncie-.
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Lo que no se puede permitir siempre es que los funcionarios públicos sean presionados por la opinión pública y por algunos medios de comunicación a que cometan acciones que pueden llevar a un detrimento, en un corto y mediano plazo, al Estado.
Si la ministra hoy no respeta el debido proceso, no respeta los elementos consagrados en el contrato y caduca el proyecto, no sería la ministra, sino Colombia la que caiga en una trampa de la cual puede ser víctima como lo dice el abogado de Centros Poblados Jorge Pino Ricci. Ellos pueden presentar una demanda billonaria contra el Estado y que luego Colombia que es experta en perder demandas, la pierda.
Luego no saldrán ni los periodistas, ni las cuentas falsas, ni los políticos que le piden a la ministra que tome medidas apresuradas a respaldar la suma económica con a que es condenada la nación, ni mucho menos la acción de repetición que le puede caer a la ministra Abudinen, por tomar una decisión equivocada.
Ahora, no pretendemos en ningún momento, ni excusar, ni sugerir, ni mucho menos intermediar para que la justicia no actúe frente al caso de Centros Poblados, es todo lo contrario, acá debe pagar quien salga responsable; que la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, ayuda internacional si es necesaria se meta de lleno en este proceso e investigue absolutamente todo, pero en el plano de la justicia, de la legalidad.
Caducar un contrato puede ser fácil, como borrar todo de un brochazo, pero los niños serían los afectados, los que se quedan sin internet. Los contratistas dicen que han conectado ya más de 1000 puntos, que en anticipo se invirtió en baterías, en satélites, en antenas, en servicios contratados a Hughes Net, entre otros contratistas. Si esto es cierto MinTic debería publicar el reconocimiento de estas inversiones como lo dice Centros Poblados que el interventor ya se los legitimó.
Esto debe hacerse:
- 1: Para tumbar el mito de que el anticipo se lo robaron, incluso para no caer en falacias de que la ministra Abudinen se quedó con el dinero, de que el anticipo está en paraísos fiscales, o de que el anticipo se esfumó.
- 2: Consideramos que lo que dicen Centros Poblados, de entregarles el contrato a cualquiera, a cualquier empresa que el Estado asigne esa es una posición válida. ¿Por qué?, pues porque no es una maniobra que obstaculiza la investigación a Centros Poblados, ni a las empresas que conforman el consorcio, ni muchos menos a los que entregaron la póliza. O sea, que se puede seguir investigando lo que pasa con Centros Poblados, y el proyecto se puede seguir ejecutando en la Zona B del país y así ganan los niños y el país.
- 3: Esta es una salida para que una empresa de talla nacional, internacional; de Japón, de China, de España, de cualquier parte del mundo, si el Ministerio la avala, para que se le entregue el contrato y así los niños, niñas y jóvenes no se queden sin el internet.
Esta es nuestra posición, y realmente queremos y esperamos que este debate gane en altura, ecuanimidad, e insistimos en que se ponga al país y a los niños por encima de una discusión política efímera, que tiene claros sesgos, que tiene intenciones oscuras desde muchos lados y que no le conviene al país.