La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, calificó como “lamentable” el intercambio que sostuvo con el presidente Abelardo De La Espriella durante una visita oficial al archipiélago, al considerar que los cuestionamientos sobre la administración departamental debieron abordarse mediante un diálogo institucional que permitiera escuchar las distintas versiones.
En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria manifestó su inconformidad con la manera en que se produjo el reclamo, luego de que el jefe de Estado la confrontara públicamente a ella y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos, la situación del Hospital Departamental y la gestión de la corporación ambiental Coralina.
El episodio ocurrió en la base naval de San Andrés, durante un consejo de seguridad y una actividad de “El milagro en las regiones”, antes de un evento a bordo del buque ARC 24 de Julio. En ese escenario, De La Espriella manifestó que conocía las situaciones que se presentaban en la isla y advirtió que no toleraría que continuaran.
¿Qué respondió la gobernadora de San Andrés a los señalamientos del presidente?
Ordóñez cuestionó que las observaciones se formularan ante las cámaras sin una conversación previa con las autoridades señaladas, pues, según explicó, no tuvo la oportunidad de exponer su posición ni conocer de primera mano las razones de los reclamos presidenciales.
“Considero que debe de escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse”, expresó durante la entrevista, al tiempo que insistió en la necesidad de contrastar las fuentes antes de establecer conclusiones sobre la gestión pública del departamento.
Uno de los asuntos abordados fue la situación del Hospital Departamental. Frente a las críticas por su administración, la gobernadora defendió su disposición a trabajar con el Gobierno nacional y explicó que, cuando asumió el cargo el pasado 11 de julio, el gerente del centro asistencial ya completaba 16 meses en el puesto, tras un proceso de selección por méritos.
La mandataria señaló que, aunque preside la junta directiva del hospital, recibió asesoría jurídica según la cual no era procedente retirar al gerente antes de la presentación del informe anual, debido a que su periodo institucional es de cuatro años. En ese contexto, indicó que respaldó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Sobre Coralina, Ordóñez reconoció que hay asuntos administrativos pendientes, pero sostuvo que debieron discutirse en espacios de trabajo entre las instituciones y no mediante reproches públicos.
La gobernadora también coincidió con el presidente en que los resultados de la inversión pública no son suficientemente visibles para los habitantes de San Andrés. “Efectivamente, la inversión no se ve reflejada en el territorio. Esa es una realidad que salta a la vista”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que una parte importante de los contratos correspondientes a la vigencia actual ya había sido ejecutada o comprometida antes de su llegada a la administración departamental, por lo que pidió considerar los antecedentes de la contratación al evaluar el uso de los recursos.
Sus declaraciones dejan abierto el debate sobre la gestión institucional del archipiélago, mientras la gobernadora insiste en que los cuestionamientos deben tramitarse con información contrastada y mediante canales que permitan escuchar a las partes involucradas.