Como parte del paquete de decretos de emergencia económica derivados del devastador sismo del pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 1379 para dar luz verde a la creación del Fondo Milagro. Este nuevo vehículo financiero y operativo tiene una misión clara: centralizar, blindar y gestionar con agilidad los recursos estatales y las donaciones internacionales destinados a la asistencia humanitaria y la recuperación de las zonas golpeadas por la tragedia.
Panorama general: La estructura jurídica del fondo se diseñó bajo la figura de un patrimonio autónomo sometido a las normas del derecho privado, lo que le otorga dinamismo en su gestión contractual. Entre sus fortalezas normativas destaca la inembargabilidad de todos sus activos, un candado legal concebido para proteger de manera absoluta los dineros destinados a socorrer la emergencia.
En cuanto al flujo financiero, el esquema financiero introduce una salvaguarda de control: los recursos líquidos no se girarán por adelantado a la sociedad fiduciaria encargada de la operación. Estos dineros permanecerán bajo el resguardo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del Sistema de Cuenta Única Nacional. La única excepción contemplada aplica para aquellas donaciones o convenios de cooperación internacional en los que el aportante exija contractualmente un manejo independiente, permitiendo cuentas separadas.
Gobierno establece la estructura y controles del Fondo Milagro tras emergencia
Las riendas estratégicas de este mecanismo recaerán sobre un Consejo Directivo, la instancia encargada de adoptar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción, aprobar los proyectos, definir el presupuesto operativo, fijar los criterios de priorización y expedir los manuales de contratación.
Dicho consejo estará compuesto por cinco delegados del Presidente de la República, quien además designará a su presidente, un representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP), otro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y un delegado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este último con voz, pero sin voto.
En la ejecución operativa, la gerencia del fondo, cuyo cargo asumirá el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, contratado a través de la sociedad fiduciaria pública, se encargará de estructurar los proyectos y dirigir las directrices de contratación en sintonía con las metas del Consejo Directivo.
Por qué es importante: Para garantizar que cada peso cumpla su propósito, el modelo de pagos romperá con prácticas tradicionales de anticipos masivos. La Tesorería Nacional será la encargada de realizar los desembolsos de forma directa a los proveedores o contratistas, pero únicamente cuando se certifique que las obras, bienes o servicios contratados se recibieron a entera satisfacción.
La transparencia del esquema se blindará mediante un doble filtro de vigilancia:
Auditoría internacional independiente: El Consejo Directivo elegirá, por medio de una convocatoria pública, a una firma de prestigio global para auditar de manera permanente la administración y ejecución de los fondos.
Control fiscal estatal: La Contraloría General de la República mantendrá sus plenas facultades de vigilancia sobre los recursos públicos manejados por el mecanismo.
Dado que se trata de una solución concebida para una coyuntura crítica, el Fondo Milagro tendrá un carácter temporal. Su vigencia se extenderá estrictamente durante el tiempo que demanden las labores de recuperación y, al menos una vez al año, el Consejo Directivo evaluará la necesidad de su continuidad. Una vez cumplido a cabalidad su objeto misional, el patrimonio autónomo será liquidado y los saldos no ejecutados regresarán de forma íntegra a sus fuentes originales.
Decreto Legislativo 1379/26: creación del Fondo Milagro en el .
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