El Hecho: A 48 horas de la transmisión de mando, el equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella exigió frenar de inmediato contrataciones y movimientos financieros en el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación.
¿Por qué es importante?: Busca detener maniobras contractuales de última hora en FONIGUALDAD que exceden las facultades de liquidación (según el Decreto 626 de 2026), advirtiendo responsabilidades legales a administradores y fiduciarios.
¿Cuál es el contexto?: La directriz fue enviada al liquidador Rafael Rodríguez Ortiz y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, respaldándose en alertas previas de la Contraloría sobre un riesgo superior a $140.910 millones en contratos con LABORANDO S.A.S.
¿A quiénes afecta y cómo?: Ordena la suspensión de nuevas vinculaciones por temporales y el congelamiento de $9.082 millones en anticipos y desembolsos del contrato EGA-033-ICD-008-2026.
El dato que no se puede perder: La notificación fue remitida con copia al presidente saliente Gustavo Petro, a los entes de control y a diversas fiduciarias, marcando una postura de cero tolerancia ante el cambio de gobierno.
A escasas 48 horas de la transmisión de mando y la asunción del presidente electo Abelardo De La Espriella, la tensión institucional escaló este miércoles tras la notificación formal emitida por el Equipo de Empalme Anticorrupción. La directriz exige frenar de manera inmediata cualquier maniobra contractual de última hora que ponga en riesgo el patrimonio público en el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación.
Panorama general: La advertencia, girada por instrucción directa del mandatario electo, fue dirigida formalmente al liquidador de la cartera, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata. El objetivo central es detener las operaciones en FONIGUALDAD, entidad que opera bajo el régimen de liquidación estipulado por el Decreto 626 de 2026.
Según el equipo jurídico del empalme, los contratos detectados en las últimas semanas exceden de manera flagrante las facultades legales de la fase de liquidación, delimitadas en los artículos 4 y 34 de dicho decreto. Asimismo, la comunicación advierte con severidad que cualquier omisión en el deber de vigilancia o el giro irregular de recursos acarreará consecuencias directas sobre la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados.
Empalme anticorrupción frena contratos y pide congelar recursos en la liquidación del Ministerio de la Igualdad
Las demandas del Equipo de Empalme Anticorrupción son taxativas y no admiten margen de dilación. Entre las exigencias principales destacan la suspensión inmediata de cualquier nueva vinculación de personal a través de empresas de servicios temporales o bolsas de empleo.
Asimismo, se ordenó la congelación de 9.082 millones de pesos correspondientes a anticipos, nómina y desembolsos vinculados al contrato EGA-033-ICD-008-2026. Este convenio, suscrito por un valor total de 30.275 millones de pesos con la firma LABORANDO S.A.S., contempla la provisión de 1.270 personas en misión.
Puntos clave de la intervención:
Suspensión de personal: Cese inmediato de nuevas contrataciones mediante temporales y bolsas de empleo.
Congelamiento financiero: Retención de 9.082 millones de pesos en anticipos y desembolsos del contrato con LABORANDO S.A.S. (EGA-033-ICD-008-2026).
Auditoría estricta: Exigencia de entrega completa e inmediata del inventario contable y contractual para revisión exhaustiva.
Esta intervención del equipo de empalme no constituye un hecho aislado, sino que se anuda a los hallazgos previos y advertencias emitidas por los organismos de control del Estado. Recientemente, la Contraloría General de la República lanzó una alerta fiscal ante un riesgo inminente superior a 140.910 millones de pesos concentrado en contratos con la misma empresa, LABORANDO S.A.S., los cuales carecen de resultados verificables o contraprestaciones tangibles.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una indagación preliminar por contratos valorados en cerca de 30.000 millones de pesos destinados a la ampliación burocrática en plena fase de liquidación de la entidad.
Por qué es importante: Con el fin de asegurar la trazabilidad institucional y dejar constancia de las advertencias, la notificación fue remitida con copia formal al presidente saliente, Gustavo Petro, así como a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex.
Desde el entorno del presidente electo se reiteró que ninguna maniobra contractual de último minuto pasará desapercibida ni quedará sin respuesta jurídica. A dos días de la posesión oficial, el mensaje enviado por el equipo de gobierno entrante es categórico: la fiscalización y la defensa de los recursos públicos serán ejes rectores e inquebrantables de la nueva administración.