El impacto que dejó el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto desencadeno una crisis hospitalaria y el país comienza a reflejarse en cifras oficiales. De acuerdo con la información consolidada por el Ministerio de Salud, las necesidades preliminares para reparar, rehabilitar o reconstruir los establecimientos de salud ascienden a cerca de $1,9 billones.
Así quedó estipulado en el Decreto 1415 del 17 de septiembre, una de las normas expedidas por el Ejecutivo dentro de la batería de medidas orientadas a responder a la crisis en las zonas impactadas por el sismo. No obstante, las proyecciones oficiales advierten que los recursos identificados hasta el momento resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños, lo que ha obligado a diseñar estrategias extraordinarias de movilización financiera.
Ante el déficit presupuestal para atender la contingencia, el decreto faculta a los territorios para que, durante un periodo de 12 meses, utilicen los saldos disponibles de las cuentas maestras del régimen subsidiado. Estos dineros podrán destinarse a la reparación de edificaciones y a la reposición de equipos biomédicos gravemente afectados.
Decreto 1415 de 2026: las herramientas extraordinarias con las que el Ejecutivo afronta la crisis hospitalaria
Asimismo, se autoriza el uso de excedentes y saldos no comprometidos de rentas propias destinadas a la salud. Como salvaguarda, la norma exige que dichos recursos estén disponibles y no pongan en riesgo obligaciones previas ni los planes de saneamiento fiscal y financiero que vigila el Ministerio de Hacienda.
En paralelo, durante los próximos seis meses, tanto el Ministerio de Salud como las entidades territoriales estarán habilitados para efectuar transferencias directas a las Empresas Sociales del Estado (ESE) y a los administradores de infraestructura pública de salud que sufrieron afectaciones. Estos fondos podrán emplearse para cubrir compromisos laborales, remuneraciones y pagos al personal médico y asistencial. Para acceder a este salvavidas, las secretarías de salud departamentales o distritales deberán certificar que el terremoto fracturó la capacidad de atención o desplomó los ingresos de la institución, poniendo en vilo la continuidad del servicio.
Otra de las herramientas operativas consiste en la reorganización del presupuesto ya asignado por la cartera ministerial. Por un lapso de seis meses, el Ministerio de Salud podrá modificar o cancelar partidas otorgadas antes del 19 de agosto que permanezcan sin ejecutar, redirigiéndolas de manera prioritaria a la recuperación de los servicios asistenciales en las zonas críticas.
