En su informe más reciente, publicado el 2 de diciembre, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha destacado que, aunque todo está dispuesto para que el Gobierno Nacional cumpla con la Regla Fiscal en 2023, existen desafíos significativos para el próximo año. Según el comité de expertos, será imperativo implementar un recorte de gastos por un monto considerable de $23 billones para evitar superar los límites establecidos por esta regla.
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El Carf estima que, dada la programación de ingresos estructurales, será necesario realizar ajustes de gasto equivalentes a aproximadamente el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a $23 billones de pesos. Este recorte se plantea como una medida crucial para cumplir con el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla, que busca alcanzar un balance primario neto estructural del -0,2% del PIB.
El informe identifica como principal factor de riesgo la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos, particularmente bajo el rubro de arbitramento de litigios, alcanzando la cifra preocupante de $15 billones.
¿Qué sucede con la regla fiscal del Gobierno de Gustavo Petro?
Los expertos del comité advierten sobre las posibles consecuencias en el escenario proyectado para 2024, donde se espera un aumento de la deuda neta entre 2 y 4 puntos del PIB. Esta perspectiva genera inquietud, ya que contraviene la tendencia observada después de la pandemia, especialmente lo logrado en el año 2023, como se detalló en el análisis correspondiente a ese periodo.
La Carf resalta que el incremento de la deuda ejerce presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal a mediano plazo. Es crucial recordar que las metas establecidas en la transición de la Ley buscan acercar las finanzas públicas a los objetivos de la Regla Fiscal, que buscan garantizar un nivel de deuda sostenible.
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