Colombia se alista para dar un salto cualitativo en su infraestructura logística y portuaria. Desde Cartagena de Indias, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que en los próximos días se firmará el esperado decreto que reglamenta las concesiones portuarias en el país. La noticia ha sido recibida con beneplácito por el sector privado, en especial por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que ha participado activamente en la discusión técnica de una normativa que busca dotar de mayor certeza jurídica y competitividad a las terminales marítimas y fluviales de la nación.
El marco regulatorio llega en un momento neurálgico para la economía nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los puertos marítimos movilizaron el 94,5% de la carga de comercio exterior durante el primer semestre de 2026. Este protagonismo se complementa con hitos recientes de inserción global, como la elección de Cartagena por parte de la alianza Gemini, conformada por Hapag-Lloyd y Maersk, como uno de sus 14 centros de conexión global, y la habilitación por parte de Buenaventura de rutas directas con el mercado asiático.
Nuevo decreto de concesiones portuarias busca modernizar la infraestructura de Colombia
El decreto introduce modificaciones estructurales largamente esperadas por los operadores y constructores de infraestructura. Entre los puntos más destacados figuran:
- Conectividad intermodal ampliada: Se abre la puerta para que el plan de inversiones incorpore obras en accesos marítimos, fluviales, ferroviarios, así como en infraestructura logística y en vías primarias, secundarias y terciarias, incluso fuera de las áreas estrictamente concesionadas, siempre que resulten indispensables para garantizar la conectividad funcional de la terminal. El objetivo de esta medida es mitigar la congestión, recortar los tiempos de transporte y abatir los costos logísticos.
- Sostén financiero y recuperación de capital: Las inversiones destinadas a mejorar la conectividad deberán integrarse dentro de la estructuración económica y el cierre financiero de los proyectos. De igual forma, se contempla la posibilidad de ajustar el plazo de la concesión para facilitar la recuperación de dichos recursos, previa evaluación técnica.
- Incentivos para la modernización tardía: Con el fin de evitar que las terminales se queden rezagadas hacia el tramo final de sus contratos, la normativa permite solicitar nuevas inversiones una vez transcurrido al menos el 70% del plazo concesional. Aquel capital que no alcance a amortizarse en el tiempo restante contará con un mecanismo de reconocimiento financiero.
- Sostenibilidad y transición energética: La norma otorga un espaldarazo a las inversiones estratégicas enfocadas en la electrificación de muelles, el uso de energías limpias, combustibles de bajas emisiones, eficiencia energética, economía circular y adaptación frente al cambio climático.
- Transparencia y trámites digitalizados: Se crea el Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), una herramienta concebida para centralizar la información del ciclo contractual, estandarizar datos interoperables y realizar un seguimiento riguroso de los trámites.
- Retorno social y arraigo territorial: El decreto reconoce formalmente las inversiones sociales estratégicas en frentes como la formación, la infraestructura comunitaria, los encadenamientos productivos y la conectividad social que generen un impacto verificable en las regiones de influencia.
- Seguridad jurídica robusta: Se establecen procedimientos nítidos para el otorgamiento de nuevas concesiones, la modificación sustancial de los contratos vigentes y las reglas de reversión al expirar los plazos, un factor determinante para estimular la llegada de capital privado a largo plazo.
Para Tatyana Orozco, presidenta de la CCI, la expedición de esta norma representa un hito fundamental. «El anuncio de este decreto es motivo de celebración para todo el sector de la infraestructura. Nos da reglas claras para invertir en puertos más modernos, conectados y sostenibles, que generan empleo y competitividad para Colombia», afirmó la dirigente gremial.
El articulado es el fruto de un trabajo sostenido de acompañamiento técnico entre el Gobierno nacional y los gremios, canalizando la experiencia de los afiliados de la CCI en la estructuración, financiación, construcción y operación de grandes proyectos. Tras la firma oficial del decreto, la agremiación ha manifestado su disposición de continuar aportando análisis técnicos para que el sistema portuario nacional siga respondiendo con solvencia a las demandas del comercio exterior y al desarrollo económico del país.
