En el cierre del plazo de la emergencia económica, el Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto con el que busca fortalecer el recaudo fiscal y cubrir parte del vacío dejado por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso. La medida, que se suma a un decreto previo, apunta a recaudar cerca de $12 billones de los $16,3 billones que el Ejecutivo había proyectado inicialmente, pero ha encendido las alarmas en el sector energético, particularmente entre las empresas generadoras.
Panorama general: El decreto establece, para la vigencia fiscal de 2026, un aporte en especie a cargo de las compañías de servicios públicos domiciliarios que desarrollan generación hidráulica y participan en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado. En la práctica, las empresas deberán entregar energía eléctrica para garantizar la continuidad del servicio en aquellas distribuidoras que actualmente se encuentran intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según la norma, el aporte corresponderá al 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del mercado mayorista. Esta energía será distribuida de manera proporcional entre las empresas intervenidas y su liquidación se realizará de forma mensual, un mecanismo inédito que, de acuerdo con el sector, altera las reglas tradicionales del mercado.
Gobierno impone aporte energético para cubrir recaudo fiscal y enciende alarmas en el sector eléctrico
Las reacciones no se hicieron esperar. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que la medida introduce distorsiones significativas. “La contraprestación en energía impuesta a los generadores hidráulicos introduce improvisación regulatoria y cruces de cuentas que no ofrecen soluciones reales a los problemas de prestación del servicio en la región Caribe”, afirmó.
Por qué es importante: El decreto incluye, la creación de una contribución parafiscal destinada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta carga recaerá sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025 y será equivalente al 2,5% de la base gravable definida en la norma. El pago se realizará en dos cuotas de 1,25% cada una.
El primer desembolso deberá efectuarse el 2 de febrero, calculado con base en la información certificada de los estados financieros de 2024 reportados a la Superintendencia, aunque sin modificar la base correspondiente a 2025. El segundo pago está previsto para el 15 de mayo de 2026, una vez presentados los estados financieros de la vigencia fiscal 2025. El decreto también establece que el incumplimiento generará intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera.
Para Andeg, estas cargas adicionales llegan en un momento especialmente complejo para el sector. “Gravar a las generadoras en medio de una crisis no resuelve los problemas estructurales del sistema. Por el contrario, traslada al sector productivo responsabilidades que no le corresponden, debilita la institucionalidad y rompe las reglas de juego que han garantizado el suministro de energía en el país”, sostuvo Castañeda.
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