En una decisión que reconfigura el mapa de las inversiones en el país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la restricción a la exposición de los ahorros pensionales en el extranjero. A partir de la fecha, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán ajustar sus portafolios para que no más del 30% de su capital total esté ubicado en activos internacionales, obligando a una redistribución masiva hacia el mercado local.
La normativa, que modifica el histórico Decreto 2555 de 2010, no se aplicará de forma inmediata, sino que contempla un periodo de transición de cinco años. Este esquema progresivo establece que en el tercer año de vigencia el límite se situará en un 35%, para finalmente alcanzar el umbral definitivo del 30% al cumplirse el lustro. Además, las entidades financieras tendrán un plazo de seis meses para entregar a la Superintendencia Financiera un plan detallado de ajuste informativo.
Petro limita al 30% la inversión de las AFP en el extranjero
El espíritu de la medida, según el Ministerio de Hacienda, es fortalecer la inversión productiva dentro de las fronteras colombianas. Para facilitar esta transición, el decreto prevé la creación de un banco de proyectos de inversión y espacios de articulación entre el sector público y privado. El objetivo es que el 70% restante de los fondos se canalice hacia sectores con «altos multiplicadores económicos», como la infraestructura, la vivienda y la construcción.
Desde el Ejecutivo se sostiene que esta repatriación de capitales estimada en billones de pesos servirá como motor para el desarrollo nacional, reduciendo la dependencia de los vaivenes de las bolsas extranjeras y fomentando el empleo local mediante la financiación de obras estratégicas.
Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de críticas por parte de los gremios económicos. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) ha manifestado su preocupación, señalando que limitar la diversificación internacional podría ser una «mala idea» para el futuro de los jubilados.
Expertos y analistas coinciden en que obligar a los fondos a traer el dinero de vuelta podría generar una concentración excesiva de riesgo en activos locales y deuda pública (TES). Asimismo, advierten que la venta masiva de divisas para retornar el capital podría apreciar el peso colombiano de forma artificial, encareciendo los activos internos y, en última instancia, reduciendo la rentabilidad a largo plazo de las mesadas pensionales.
Para el ciudadano de a pie, esta medida implica que el rendimiento de sus ahorros dependerá ahora, en mayor medida, del desempeño de la economía colombiana que de los mercados globales. Aunque el Gobierno asegura que esto blinda los ahorros ante crisis externas, la Contraloría ha sugerido en informes previos que una menor diversificación podría traducirse en pensiones menos competitivas en comparación con el modelo actual.Con la entrada en vigencia del Decreto 0369, se abre un nuevo capítulo en la política macroeconómica del país, donde el pulso entre la soberanía financiera y la libertad de inversión marcará la agenda de los próximos cinco años.
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