Gobierno radica proyecto de ley para democratizar el sector energético en Colombia

Con el nuevo proyecto de ley, el Ministerio de Minas pretende transformar el modelo eléctrico colombiano, incluyendo a usuarios, trabajadores y académicos en las decisiones regulatorias, con el fin de lograr un sistema más equitativo y sostenible.

Gobierno radica proyecto de ley para democratizar el sector energético en Colombia
Foto: Redes sociales

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley titulado “Regulación justa y democratización del sector energético”, una propuesta con la que el Gobierno busca transformar la estructura actual del servicio eléctrico en el país.

Panorama general: De acuerdo con el Ministerio, el objetivo central de la iniciativa es lograr tarifas más equitativas, asegurar mayor claridad en las facturas y ampliar la participación ciudadana dentro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), incorporando la representación de usuarios, trabajadores y el sector académico en la toma de decisiones.

El ministro explicó que se trata de una propuesta orientada a garantizar la equidad en la prestación del servicio, preservar la sostenibilidad financiera del sistema y fortalecer la transparencia en la determinación de las tarifas.

“Es un proyecto que nace del pueblo y vuelve al pueblo, porque la energía no puede seguir siendo un negocio para unos pocos mientras millones de colombianos enfrentan tarifas imposibles”, afirmó Palma, quien recalcó que el propósito es ubicar al usuario, al trabajador y al territorio como ejes de la política pública energética.

Gobierno radica proyecto de ley para democratizar el sector energético

Por qué es importante: El Ministerio enfatizó que con esta iniciativa se busca proteger a los usuarios, reducir los costos de la energía y modernizar el sistema eléctrico, promoviendo un modelo más justo, participativo y sostenible para todo el país.

Además, la cartera de Minas y Energía destacó que esta propuesta responde al clamor de las comunidades que, durante los últimos años, han manifestado su inconformidad por los altos costos del servicio y la falta de participación en las decisiones del sector. Con el proyecto, el Gobierno busca acercar la regulación a las realidades sociales y territoriales del país, fortaleciendo la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

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