EDITORIAL
El superintendente Robledo demostró, como pocos, que sí es posible poner en cintura a las empresas privadas más grandes del país, dejando claro que todas sus prácticas no son santas, que han estado coludidas con la ilegalidad y han afectado directamente el bolsillo de los colombianos. Ojalá los colombianos rechacen tanto la corrupción privada como la pública.
La Superintendencia de Industria y Comercio era hasta hace ocho años una superintendencia más, un cargo para ubicar a algunos amigos y para adelantar algunos controles mínimos, pues era una hegemonía las que mantenían las grandes empresas sobre cualquier control que se les pudiera ejercer.
Realmente Colombia en estos ocho años dio pasos agigantados por una modernización de todo el Estado y esto nos llevó, por ejemplo, a ingresar a la OCDE y a que el consumidor sea mucho más respetado y con mayor consideración en una pirámide de jerarquía, y así la empresas sintiesen que por fin había alguien que velaría por los derechos del consumidor.
Pablo Felipe Robledo comenzó por modernizar la misma superintendencia, por descentralizarla, por llevarla a la mayor cantidad de regiones del país, por hacerla mucho más visible, por abrir canales de atención, por personalizar y acercar esa entidad al ciudadano, que las personas pudiesen quejarse de los servicios que no se prestaban como se debían, de la publicidad engañosa, de los precios irregulares, entre otros.
Robledo desató más de una tormenta económica, política e industrial por cuenta de sus decisiones, las mismas que llevaron a que poderosas empresas contrataran firmas de lobby, abogados poderosos y pusieran en funcionamiento medios de comunicación para atacar al superintendente.
Él recibió amenazas de varios sectores, recibió presiones de, incluso, personas que estaban dentro del Gobierno para que no llevara adelante X o Y proceso. El haber conocido cómo las empresas del papel higiénico, de pañales y de cuadernos, se coludían entre ellas para fijar altos precios, para no permitir una sana competencia y para solamente lograr dos cosas: primero, mantener sus utilidades intactas, y segundo, afectar directamente el bolsillo del consumidor.
Grupo Familia, una de las empresas más prestigiosas del país, vio como sus directivos terminaron empapelados con claros hechos de corrupción y hoy le deben una disculpa al país. El cartel del cemento, tan intocables como se han creído ellos toda la vida, también fijaron precios entre ellos y tenían el descaro de decir a los cuatro vientos que le jugaban limpio al país y que tenían todas las convicciones de colaboración y aporte por el desarrollo integral, la productividad, el libre mercado y la competitividad, y eso que en ese cartel se quedaron cortos, debido a que faltó averiguar cómo quebraron empresas mucho más pequeñas para llegar a tener un gran monopolio. Aquí también le impusieron sanciones a Tecnoquímicias y Kimberly.
En el sector azucarero se sancionó por cartelización a empresas como: Incauca, Manuelita, Ingenio Carmelita, Ingenio María Luisa, Ciamsa, Asocaña, Mayagüez, Río Paila Castilla, Ingenio Risaralda, fueron en total 12 ingenios luego de haber incurrido durante varios años en inconductas que tenía como objeto obstruir y restringir las importaciones de azúcar a Colombia. Este fue quizás una de sus peleas más grandes y que más le trajo problemas, de las que más le trajo amenazas y presiones. Aquí fueron en total 260 mil millones de pesos en multas impuestas a este cartel.
Robledo no solo avanzó en eso y procedió con multas gigantescas, las cuales eran valederas para la clase de fantochadas e actos ilegales que estaban haciendo.
Él obtuvo también en las últimas semanas varios logros que el país se los reconocerá. Primero: el haberse dado cuenta de lo que muchos presentían y otros sabían que pasaba en la Federación Colombiana de Fútbol; no hablamos de lo que sucedió con Luis Bedoya, quien hoy purga una pena en Estados Unidos, hablamos de cómo se ponían de acuerdo para la reventa de boletas, las cuales nunca llegaban a las taquillas y el público no podía acceder a ellas. Además, el consumidor se veía afectado luego de ahorrar para ver a la Selección Colombia, pero no era posible y todo por cuenta de un entramado que tenían al interior de la FCF.
También cómo olvidar las 65 multas que impuso la Sic por no cumplir con la tasa de usura, en total fueron sancionadas con más de cuatro mil millones de pesos. Fueron 65 empresas que se dedicaban a prestar plata o a vender créditos.
Tocó al tiburón blanco más grande del país, como lo describiría Gilberto Sanín: a Luis Carlos Samiento Angulo, situación que claramente no tuvo despliegue en los medios de Bogotá por razones que son de público conocimiento. Por incurrir presuntamente en prácticas contrarias al régimen de protección de libre competencia durante la estructuración y adjudicación del tramo II del proyecto Ruta del Sol, la Superintendencia formuló pliegos de cargos contra algunas de las empresas vinculadas a la licitación pública CA-LP-001 de 2009 entre la concesionaria Ruta del Sol integrada por Odebrecht, Episol, Cass Constructores y la ANI.
Solo queda concluir y decirle a Pablo Felipe Robledo: gracias, gracias por su buena labor en pro de los consumidores, del país en general. Deja el listón demasiado alto, ojalá el nuevo superintendente de Industria y Comercio dé la talla y no se deje intimidar por presiones de ningún gremio ni ningún gran empresario, y sin lugar a dudas Colombia echará de menos a un gran funcionario, que sí, era uno de los que por lo menos tenía méritos para ser ratificado.
