Es una tragedia, nuevamente para Colombia tener que enterarse de que el fantasma del narcotráfico sigue vivo, más que nunca, en las campañas políticas y que han puesto presidentes.
EDITORIAL
Lejos estamos de ser una democracia perfecta, ni siquiera admirable, podemos ostentar cifras positivas en cuanto a la estabilidad democrática de nuestro país y a la relativa solidez y confianza de nuestras instituciones.
Pero en la realidad de esa dinámica, que muchas veces, pasa furtiva en medio de los titulares amarillistas, sensacionalistas, rosas que están persiguiendo afanosamente el clic, vamos normalizando cosas tan terribles como el dinero del narcotráfico en nuestra economía diaria, en el lavado de activos, en el blanqueo de capitales, en el testaferro, en la influencia que ha logrado tener en la política en los últimos 40 años.
Muchos nos han dicho que la corrupción es el cáncer más grande que padece Colombia y compartimos el calificativo de cáncer, pero no es el más grande de todos.
Colombia hoy sigue a merced de las estructuras criminales que fundamentan todo su negocio en el narcotráfico, es el narcotráfico quien aceita a miles de personas a lo largo y ancho del país en sus bolsillos y por ello hemos recibido en tantas ocasiones el nombre de un narcoestado, de una economía narcotizada y por ello nuestras agendas con otros países siempre se basan en el narcotráfico.
Hoy le hemos vuelto a decir al mundo que somos un Estado que tiene una gran imposibilidad de alejarse del narcotráfico, no solo por el avance de las estructuras, de carteles, en todo el país. Las cuales que ha arreciado en el último año de la mano de guerrillas, de grupos urbanos, de la extorsión, del secuestro, del fleteo, del sicariato; si no el mundo se ha enterado, de que el presidente actual de Colombia, el primer presidente progresista, definición que se dio el mismo, recibió en su campaña dineros manchados de sangre, de ilegalidad, según lo que ha revelado Nicolás Petro, su mismo hijo, a la Fiscalía.
Esto no se trata de un relato de la oposición, de un relato periodístico, de un relato de un fiscal, no, esto no se trata, de una historia de carácter político, se trata de que un hijo del presidente de la República, quien ha admitido que sí ingresó dinero de narcotraficantes, de criminales a la campaña de su padre para hacerlo presidente y se ha comprometido con dar información, detalle, pruebas, soportes de las declaraciones que ha dicho.
Es tan fuerte, lo que hoy nos ha tocado presenciar, qué decenas de personas defensoras de este gobierno, unos por oficio, otros porque tienen un salario, un contrato, un familiar en el gobierno, han dicho que no hay cómo defender esto y que el presidente tiene que responder.
El que quiera tapar esta situación es un enemigo de la verdad, está divorciado de la justicia y casi que se convierte en un enemigo de la nación colombiana al permitir, tolerar y conectar, con la financiación ilegal de campañas.
Acá, si se abre la posibilidad de que el presidente puede ser procesado en un juicio político, de que la comisión de acusaciones, por primera vez en la historia, actúe esto, no se trata, como dice el presidente, de que el pueblo lo saque o no, lanzando un plebiscito desde una plaza pública para que la gente se atreva a ir hasta el Palacio de Nariño a sacarlo con antorchas y decirle que no es digno del cargo que ostenta.
No es fomentar, incitar a casi una guerra civil entre defensores del presidente y entre los colombianos que consideran, que no es una persona con las capacidades y cualidades éticas y morales para ser el primer mandatario de Colombia.
Esto sume en una crisis aún más grave, a la institucionalidad colombiana, a los partidos políticos, al Congreso, a quienes les han apoyado, a quienes han permitido que este gobierno, trámite por el Congreso de distintas reformas y hoy se aprestan nuevamente a hacerlo, previo a un llamado de nuevo acuerdo nacional; un acuerdo nacional que solamente estaría mediado por burocracia, clientelismo y corrupción.
Lo más normal sería, que no pasara nada, como casi todo en Colombia, lo extraordinario sería que se hiciera justicia y que el sentido común operará, quienes tiene alguna responsabilidad menor, mediana o grande, en estos delitos, respondan ante la justicia y paguen por esos crímenes.
Solamente los colombianos, cuando aprendan a desapegarse de las pasiones políticas, de esos sentimientos estomacales, rancios, sesgados, subjetivos y empiecen a poner al país, por encima de todo; a sus instituciones, a la legitimidad y a la honestidad, solamente hasta ese día como país, podremos trascender nuestras páginas más oscuras.
Hoy, solo se convierte en un capítulo negro, negativo y absolutamente perjudicial para los que han querido confiar en Colombia, en la democracia colombiana y desde luego, se demuestra, una vez más, que lo que se hace en campaña para ganar así se gobierna y en política.
Si bien, han dicho, que todas las formas de lucha son válidas, queda comprobado que no, porque siempre termina mal, porque no se puede esperar nada bueno, cuando se hacen componentes entre personas de dudosa procedencia, con prontuarios, con cuestionamientos, con condenas previas, con comprobadas actuaciones criminales.