A dos semanas de las elecciones presidenciales, el Instituto de Ciencia Política (ICP) lanzó una alerta sobre posibles presiones de grupos criminales y estructuras armadas en distintas regiones del país que podrían afectar la libertad del voto y comprometer la legitimidad del proceso electoral.
La advertencia surge tras un ejercicio de seguimiento adelantado durante todo el ciclo electoral de 2026 y que incluyó veeduría territorial, monitoreo de fuentes abiertas y un análisis estadístico de los resultados de las elecciones al Congreso. Según el informe, se identificaron señales atípicas en 825 puestos de votación, donde se concentraron más de 327 mil votos efectivos y cerca de 494 mil ciudadanos habilitados para sufragar.
ICP alerta por posible presión de grupos criminales sobre votos en presidenciales
El ICP insistió en que el estudio no busca señalar a campañas, partidos o candidatos específicos, sino advertir sobre patrones que, por sus características, ameritan verificación por parte de las autoridades electorales y judiciales.
Uno de los principales hallazgos tiene que ver con la presencia de actores armados en territorios priorizados. De acuerdo con la veeduría realizada junto con la Fundación Colombia 2050, el 41 % de los observadores reportó algún tipo de presencia de grupos con capacidad de interferir en las dinámicas electorales. En muchos casos, explicaron, se trata de una presencia “silenciosa”, en la que no hay amenazas visibles, pero sí control social y temor en las comunidades.
Además, el 86 % de los veedores aseguró haber identificado situaciones inusuales antes de las elecciones legislativas de marzo. Entre las más recurrentes aparecieron restricciones a la movilidad, presiones para votar y ofrecimientos económicos a cambio del sufragio.
El informe también documentó mecanismos de compra de votos en varias regiones del país. Según el ICP, durante el proceso de observación se reportaron pagos desde 20 mil pesos hasta 500 mil pesos por voto, además de prácticas como la exigencia de fotografías del tarjetón y la entrega posterior del dinero tras presentar el certificado electoral.
Los departamentos más afectados
Los departamentos de Norte de Santander, Caquetá y Cauca concentraron buena parte de las alertas registradas entre el 1 y el 8 de marzo, periodo en el que se documentaron 66 hechos relacionados con riesgos para la seguridad electoral.
Entre los casos más delicados aparecen denuncias sobre presiones a comunidades indígenas en Bajo Baudó, Chocó; presencia de grupos armados cerca de puestos de votación en Norte de Santander; y mensajes intimidatorios enviados a líderes comunales en Caquetá y Guaviare para exigir certificados electorales.
En paralelo, el análisis estadístico del comportamiento electoral encontró patrones considerados atípicos en cientos de puestos de votación. Entre ellos se identificaron concentraciones inusuales del voto, ventajas amplias entre candidatos, participación extremadamente alta o baja y predominio casi absoluto de una sola opción política.
El ICP advirtió que estas señales coinciden, en la mayoría de los casos, con municipios donde ya existían alertas de riesgo electoral y presencia documentada de grupos armados ilegales.
“La interferencia sobre el voto libre puede ocurrir antes de llegar a las urnas”, concluye el informe, que insiste en que el miedo, las restricciones a la movilidad y el control territorial pueden condicionar la decisión de los electores incluso sin necesidad de violencia abierta.
Frente a este panorama, la organización pidió a las autoridades reforzar la presencia institucional en zonas críticas, activar mecanismos seguros de denuncia y priorizar la vigilancia en los territorios identificados antes de la jornada presidencial.
El ICP también anunció que ampliará su veeduría electoral para la primera y eventual segunda vuelta presidencial, con más de 200 observadores desplegados en 117 municipios del país.