El resultado de esta reforma es una victoria de las justas reclamaciones sociales. Aún queda mucho para lograr las grandes transformaciones que requiere el país, pero por algo se inicia. (Reforma Tributaria)
Por: Guillermo García Realpe
Desde nuestro punto de vista de independencia, la reforma tributaria ni es tan buena como dice el Gobierno y sus más cercanos aliados, pero tampoco es tan mala como lo dice la oposición, ni tan vacía en materia de determinaciones.
Trae algunas cosas positivas como la derogatoria de la Ley 2010 de 2019 que concedía enormes beneficios tributarios y descuentos a los ricos de Colombia y al gran empresariado nacional e internacional y por cuya cuenta el país había perdido doce billones de ingresos.
Entonces, se deroga esa ley y se redireccionan esos millonarios recursos para dedicarlos a planes y programas sociales, especialmente los que existían antes de la pandemia y que se profundizaron durante la misma como Ingreso Solidario, que esta vez beneficiará a 4,1 millones de hogares con una renta mensual de $160 mil hasta el 2022, la extensión hasta diciembre de este año del subsidio a la nómina, mejor conocido como Programa de Apoyo al Empleo Formal, y los anteriores como el del Programa de Protección al adulto mayor, Familias en Acción, y el programa de Matrícula Cero que le permitirá a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 acceder gratuitamente a la educación superior pública. Se requería eso y me parece positivo y por consiguiente lo apoyamos.
Se hace justicia también con los deudores del Estado a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que siempre tuvieron el mismo tratamiento tratándose de amnistías, plazos o renegociación de impuestos de los deudores tributarios. Los deudores de la UGPP, también tienen derecho a acceder a esos beneficios. Algunos deben incluso multas superiores a sus patrimonios.
Pero, faltó el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a la riqueza para los que tengan más de cinco mil millones de pesos en patrimonio líquido – no más de cinco mil colombianos – para financiar programas sociales importantes como la Renta Básica Mensual. El gobierno de Uribe utilizó el impuesto a la riqueza para la seguridad democrática y el de Santos lo hizo para atender la emergencia invernal de los años 2013 y 2014.
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Serán 15,2 billones la meta de recaudo. Los requiere el país de forma urgente para atender la grave crisis generada por la pandemia, que afectó al aparato productivo y, por ende, la empleabilidad nacional.
Esta versión 2.0 de la reforma tributaria recogió en gran parte las inquietudes que causaron las manifestaciones del paro nacional de abril pasado. Por lo menos, tuvo un mayor consenso entre las diversas bancadas y no fue un texto impuesto por el Gobierno como sí lo intentó en su momento el entonces ministro Alberto Carrasquilla.
Esta reforma, por ejemplo, no tocó la canasta familiar, no aumentó la base gravable del IVA para algunos productos básicos de primera necesidad, ni tampoco a las personas naturales. Las declaraciones de renta no tuvieron modificaciones, una gran preocupación de los empleados y quienes devengan salarios no tan altos, aspectos que sí estaban priorizados en el anterior texto.
Lo que podemos concluir entonces es que las movilizaciones sociales y la protesta pacífica que generaron presión sobre las decisiones del gobierno sí sirven. En la medida en que la ciudadanía se una y se haga fuerte se hace también invencible porque, como bien dice el adagio popular, ¡el pueblo unido, jamás será vencido! El resultado de esta reforma es una victoria de las justas reclamaciones sociales. Aún queda mucho para lograr las grandes transformaciones que requiere el país, pero por algo se inicia. No hay que desfallecer.