El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es una de esas figuras tributarias que, lamentablemente, pasa desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, su impacto en la economía, especialmente en el sector empresarial, es considerable y merece una atención urgente por parte de las autoridades.
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Sucede que ahora, cuando surge una polémica por el deficiente recaudo de impuestos nacionales, las empresas también señalan que en el 2023 fue el año en que se presentaron más solicitudes de insolvencia. Las empresas cargan con una gran cantidad de cargas tributarias, entre las cuales destaca el ICA, que es uno de los impuestos más regresivos. Es importante recordar que las empresas deben pagar declaración de renta, retenciones, cámara de Comercio, impuesto de industria y comercio, además del ICA.
Para el Estado colombiano, lo que está sucediendo es muy grave y el presupuesto que se presentará para el 2025 será mucho más complejo que el actual, con un recorte anunciado de 20 billones de pesos, según las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Es evidente que el ICA es un impuesto obsoleto y antitécnico que afecta negativamente la competitividad de las empresas y la generación de empleo. A pesar de ello, las autoridades locales parecen renuentes a reformarlo debido a su importancia como fuente de ingresos para los municipios.
El alcalde Carlos Fernando Galán, en su plan de desarrollo, estableció un 0% de ICA para micro negocios que se formalicen en Bogotá, un pequeño estímulo que no se había visto en años. Por otro lado, en Medellín, el ICA no hizo absolutamente nada. Se trata de uno de los impuestos más gravosos del país, ya que grava los ingresos brutos, lo cual es una verdadera injusticia.
Es decir, si vendes mucho, te afecta severamente, incluso si tus márgenes son bajos o si estás operando con pérdidas. Es un impuesto totalmente confiscatorio, pero nadie se atreve a cuestionarlo, ya que es fundamental para financiar los municipios. Aunque para algunas empresas pueda representar un costo relativamente bajo, en un país donde el 70% son micro, pequeñas y medianas empresas, el ICA se convierte en un obstáculo, un impuesto antitécnico que dificulta el crecimiento empresarial.
Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, las compañías han enfrentado grandes dificultades, sin embargo, los municipios han seguido cobrando el impuesto de industria y comercio (ICA) a las empresas sobre sus ingresos brutos, incluso a las pymes que operan con pérdidas. Esto hace imposible seguir cargando más impuestos a las compañías, lo cual es preocupante. Es como si el Estado dijera: «Si tú pierdes, yo gano; si tú ganas, yo también gano». Esta situación refleja una falta de sensibilidad por parte del Estado hacia las empresas en tiempos difíciles, lo cual es realmente lamentable.
El 35% de impuesto en la OCD de las tarifas corporativas más altas carece de sentido, al igual que el impuesto del 4 x 1000, lo cual contribuye a la complejidad del sistema tributario colombiano. Es evidente que el impuesto sobre utilidades es justo, técnico y progresivo, pero el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es una carga tributaria excesiva y desproporcionada.
Los políticos, presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes y concejales deben prestar atención a este tema para evitar que sea demasiado tarde y se produzca un aumento significativo en el desempleo y el cierre masivo de empresas. Muchas compañías, incluso las más pequeñas, pueden tardar varios años en alcanzar el punto de equilibrio y generar ganancias significativas. Sin embargo, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) comienza a gravar desde el primer día, incluso si no hay ganancias. Esto representa una carga financiera injusta y desafiante para las empresas desde el inicio de sus operaciones.
Alejandro Eder, alcalde de Cali, anunció en sus redes sociales un proyecto que propone eximir del pago del ICA durante 5 años a las empresas nuevas y aquellas que se establezcan en la ciudad y generen empleo formal. Este enfoque sugiere que otros alcaldes deberían considerar una competencia tributaria más justa y necesaria para el país.
El gobierno Petro derogó la posibilidad de descontar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en un 100% del impuesto de renta, lo que significó una carga adicional para las empresas. Lisandro Manuel Junco mencionó que el régimen simple de tributación a una sola tarifa se había implementado inicialmente para simplificar el pago de impuestos, incluyendo el ICA, avisos y tableros, y tasa bomberil, todo en uno, pero luego esta medida fue derogada.