La Contraloría General presentó un informe en el que detalló los motivos por los cuales la implementación del acuerdo de paz tardaría 10 años más, entre estos, se informó sobre la reducción del presupuesto en el Gobierno del presidente Duque.
Por: Redacción 360 Radio
En la administración de Iván Duque radicaron el proyecto de presupuesto para el 2021 donde hubo una reducción del 14% en los recursos para la implementación del punto sobre las drogas de uso ilícito.
De acuerdo con la Contraloría, de las 82.240 familias que se inscribieron al programa de sustitución de cultivos, solo han complicado el proceso 727, por lo que hay un “lento avance” de la formalización de la propiedad rural.
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El contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, manifestó que otro problema es que “cerca del 32% de las tierras en los terrenos donde hay presencia de cultivos ilícitos no tienen la legalidad de la tierra, entonces están en un limbo para la inversión de esos planes de sustitución voluntaria”.
La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, indicó que agencias necesarias como la Agencia Nacional de Tierras “enfrentarán una reducción del 13%, o como la Agencia de Desarrollo Rural que enfrentará una reducción del 35%, quizás los más graves son los del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que tendrán que ser implementados en los territorios más pobres: hasta el momento solo han tenido una inversión de 1,52% al año, del porcentaje que se tendría que invertir para poder transformarlos en quince años”.
“Lo que uno encuentra es que no hay ningún interés por sacar adelante un aspecto tan neurálgico de la reforma rural integral como es el acceso a la tierra y ni hablar de los otros componentes”, manifestó el economista Jairo estrada, miembro por la FARC de la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos (CSIVI).
La Contraloría también alertó que es muy baja la ejecución de los recursos que han sido destinados para la paz. Entre el 2017 y 2019 solo se usaron 15 billones del total planteado, lo que equivale al 65%, motivo por el cual la implementación tardaría 10 años más.
“Y a ese ritmo de inversión, hemos definido desde la Contraloría General de la República, que las metas que se debían cumplir a 15 años, si la inversión sigue a ese ritmo, podrían tardar no 15 años, sino 25”, dijo.
Emilio Archila, que está al frente del proceso de implementación de los acuerdos, explicó que este tema no le preocupa porque el Gobierno está haciendo “grandes esfuerzos” para conseguir más recursos.
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Sin embargo, reconoció que sí hay reducción en las agencias comprometidas con el problema de las tierras. “Es cierto que, para algunas de las agencias, como la agencia de Desarrollo Rural, pasamos de 230 mil millones de pesos a 149 mil millones de pesos y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo con la cooperación internacional, con los privados, para poder mantener el ritmo”.
La Contraloría insiste en que los planes nacionales sectoriales y hoja de ruta de para la inversión, deben estar aprobados y de 16 existentes solo seis tiene luz verde.