Nuestra justicia tiene muchísimos problemas. Es compleja y burocrática. Mientras que EE.UU., con 327 millones de habitantes, tiene una única corte, con nueve magistrados, Colombia tiene seis altas cortes con 129.
Por: Rafael Nieto Loaiza
La idea de una sola corte es controversial, pero tampoco dudo de que lo que tenemos hoy es insostenible e injustificable.
El sistema, además, es costosísimo. La rama cuesta 5,648,2 billones de pesos. La Fiscalía, sin Medicina Legal, 4,872,1. La JEP, 374,9 mil millones de pesos. El problema no es es plata.
Es altamente ineficiente. Y, como resultado, moroso. Un juez norteamericano es siete veces más productivo que uno colombiano. Por cierto, no es que haya pocos jueces. El promedio es similar, once jueces por cien mil habitantes. Para iniciar el 2020, había 1’884.088 casos pendientes en los despachos de los 5.874 jueces. Hay que automatizar la rama, sistematizar los procesos y continuar la simplificación de procedimientos. Y hay que resolver el tremendo problema de la inseguridad jurídica resultante del activismo judicial.
La corrupción está enquistada en las más altas esferas. En el infame cartel de la Toga están vinculados tres expresidentes y varios magistrados de la Suprema. Los falsos testigos son otra realidad. Es indispensable establecer un nuevo mecanismo para la investigación y el juzgamiento de magistrados. Y hacer un enorme esfuerzo para mejorar el sistema de formación y la ética de los abogados.
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Para rematar, la decisión de la Corte Constitucional sobre los “pilares de la Constitución” ha significado la erosión el sistema democrático y un traslado de hecho de las competencias del legislativo al judicial. Hoy las principales decisiones políticas dentro del Estado no se toman en el Congreso sino en la Corte. El resultado ha sido la politización del sistema judicial. En su versión más dañina, ha devenido en el gobierno de los jueces del que se ufanara algún presidente de la Suprema.
La otra cara ha sido la judicialización de la política, la instrumentalización del sistema judicial para derrotar vía los tribunales a los contradictores políticos o ideológicos. Un sistema perseguidor de algunos, con flagrantes violaciones a sus derechos más fundamentales, y alcahuete hasta la complicidad con la conducta delincuencial de los políticos que les son afines.
Desde el horror del asalto del Palacio de Justicia por el M-19 la rama nunca volvió a ser la misma. Su reputación está por los suelos. Es indispensable su reforma profunda. No se ve, sin embargo, el candidato que se atreva a proponerla.