Nuestro editorial para hoy primero de agosto tiene que referirse a la grave situación de orden público en el norte del departamento del Cauca, que amenaza con extenderse hacia el departamento del Valle del Cauca por los conflictos que han suscitado la invasión de tierras por parte de grupos indígenas, la quema de cultivos de caña, las amenazas y sobre todo las pretensiones que varias poblaciones indígenas están argumentando basados en lo que, según ellos, es una deuda ancestral y que ahora, con un gobierno que ellos han apoyado, tendría que reconocérseles parte de esas tierras.
No contentos con los millones de hectáreas que tienen los indígenas bajo su poder sin responder por la cantidad de coca que está sembrada en esos territorios, hoy el mes en el norte del Cauca comenzó con graves enfrentamientos entre los trabajadores de ingenios azucareros y los indígenas, quienes bloquearon la vía entre Corinto y Miranda.
La semana pasada, Gustavo Petro hizo un llamado al diálogo para dirimir los conflictos de tierra pero tiene que hacer algo de catarsis y reconocer sus palabras del pasado para tomar posiciones, pues es la única persona que puede sentar una voz tranquila y responsable como nuevo presidente de la república para dirimir estos conflictos por tierras.
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Los indígenas amenazan con ir por más, amenazan con prender más cultivos de caña, la semana pasada fue en Padilla en el norte del Cauca y hoy se sigue hablando de municipios que están bajo la amenaza de esos grupos. Es necesario, como lo ha dicho la presidenta de Asocaña Claudia Calero, que el gobierno sea garante para defender la propiedad privada, la libertad económica, el respeto a la vida y sobre todo que se garantice el diálogo, el único camino entre los ingenios azucareros y las comunidades indígenas.
No puede ser que sin empezar el gobierno de Gustavo Petro algunos indígenas pretendan que por activa pueden meterse a los cultivos de caña para prenderles fuego, a invadir estas tierras diciendo que se las tienen que regalar. Al día de hoy, Colombia tiene que respetar el derecho a la propiedad privada; los indígenas, muy buenos para pedir ayuda cuando están mal y siempre recurren a sus costumbres y tradiciones para cuidarse de que el gobierno no les haga nada, tienen que estar de una vez por todas situados en un terreno no solamente neutro sino objetivo.
El conflicto no puede ser la vía para llegar a una mesa de diálogo, en la cual luego se les quite la tierra que legítimamente tienen los ingenios para dárselas a los indígenas con el fin de que sigan sembrando coca. Tiene que quedar claro y el gobierno no puede ceder ante esas pretensiones.
Ojalá el gobierno Petro garantice el derecho a la propiedad privada, a la vida, al diálogo y de una vez por todas le ponga un alto en el camino a estos indígenas.