El recurso, fechado el pasado 11 de junio y con copia al presidente Gustavo Petro, fue interpuesto por el abogado Víctor Mosquera, representante de Barrera más conicida como Epa Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento se argumenta que es necesario “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de la influenciadora, por lo que se pide que pueda ser ubicada en una unidad militar con condiciones de establecimiento de reclusión especial (ERE).
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, la solicitud podría recibir luz verde en los próximos días, siempre y cuando un juez de ejecución de penas lo autorice. Sin embargo, el penalista Francisco Bernate, también defensor de la joven, aseguró a EL TIEMPO que aún no ha sido notificado de ninguna decisión judicial.
La defensa de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, pidió su traslado del Buen Pastor a un centro de reclusión militar
Esta petición se suma a otras cuatro iniciativas que ha presentado la defensa de Epa Colombia en busca de modificar la pena de cinco años y medio que le fue impuesta por vandalizar una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de 2019. Entre ellas se cuentan solicitudes de prisión domiciliaria, aplicación de la ley de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar y una tutela ante la Corte Suprema, todas rechazadas.
La última de esas negativas se dio hace tres meses, cuando un juzgado de ejecución de penas negó el beneficio de prisión domiciliaria argumentando que, aunque Barrera es madre de una niña de un año, no cumple los requisitos para ser considerada cabeza de familia. El despacho precisó que no existen pruebas de la ausencia o incapacidad de los otros integrantes de su núcleo familiar.
Incluso, la Corte Suprema había negado previamente una tutela que pretendía que la influenciadora pudiera permanecer junto a su hija en un centro carcelario con condiciones para la crianza y lactancia materna. En ese momento, el alto tribunal indicó que sus argumentos no tenían asidero jurídico dentro del caso.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se recuerda que cualquier decisión sobre el lugar de reclusión de Barrera corresponde exclusivamente a la justicia, pese a que el presidente Petro ha manifestado en varias ocasiones su interés en que se busque una alternativa distinta a la cárcel El Buen Pastor.
Por ahora, el futuro de Epa Colombia depende de la respuesta que entregue el INPEC y de la autorización judicial, lo que definirá si la influenciadora podrá cumplir su condena en una guarnición militar o si permanecerá en la prisión de Bogotá.
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