El panorama de la salud en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lo que inicialmente se planteó como una medida de salvamento para las Entidades Promotoras de Salud (EPS), parece estar profundizando la crisis. Así lo confirmó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al emitir una contundente advertencia sobre el deterioro sostenido de las entidades bajo control del Estado.
Tras un seguimiento exhaustivo, el ente de control concluyó que las intervenciones forzosas administrativas, lideradas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), no están cumpliendo con el objetivo de estabilizar el sistema. Por el contrario, la situación financiera y la calidad del servicio han empeorado bajo la administración pública.
Panorama general: Uno de los hallazgos más alarmantes se centra en la Nueva EPS, la entidad más grande del país con 11,6 millones de afiliados. Según la Contraloría, esta entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para los periodos 2024 y 2025, lo que imposibilita verificar la veracidad de su contabilidad.
A esta falta de transparencia se suma un hueco financiero escalofriante detectado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI):
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$4,9 billones de pesos en faltantes de reservas técnicas.
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$13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
El endeudamiento de otras entidades también se ha disparado. El caso de Savia Salud es emblemático, con un incremento del 166% en su nivel de deuda. Por su parte, Famisanar pasó de un estado financiero «aceptable» a uno «crítico» en apenas un año, registrando un patrimonio negativo de -$3,3 billones al cierre de 2025. En términos generales, la Contraloría señala una «inoperancia de la intervención», ya que la mayoría de los pasivos aumentaron drásticamente desde que la Superintendencia tomó el control.
Crisis de salud en Colombia: Contraloría advierte fracaso en intervención de EPS

La crisis no es solo contable; se traduce diariamente en el sufrimiento de los pacientes. La insatisfacción de los usuarios alcanzó un máximo histórico en 2025, superando los 2 millones de quejas y reclamos (PQR), un aumento del 27,4% respecto al año anterior.
Las barreras más frecuentes que enfrentan los colombianos son:
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Negación en la entrega de medicamentos.
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Falta de oportunidad en la asignación de citas médicas.
Incluso el recurso de la tutela, última instancia de los ciudadanos para defender su derecho a la salud, está siendo ignorado. Ninguna de las ocho EPS intervenidas, incluyendo a Coosalud, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca, cumple al 100% con los fallos judiciales. El caso más dramático es el de Emssanar, que apenas acata el 4,48% de las órdenes de tutela
Por qué es importante: Ante este escenario, el Contralor Rodríguez Becerra fue enfático: «La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio».
La Contraloría ha citado a la Superintendencia y a los directivos de las EPS intervenidas a una mesa de trabajo la próxima semana. El objetivo es exigir una justificación técnica sobre estas intervenciones y obligar a la adopción de medidas correctivas urgentes para frenar el daño patrimonial y social que sigue creciendo en el sistema de salud colombiano.
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