El sector de la minería en Colombia reporta que la inversión extranjera directa (IED) atraviesa una de sus peores crisis en la última década. Entre enero y septiembre de este año, los recursos provenientes del exterior destinados a esta industria registraron una disminución del 62%, cayendo de US$3.408,09 millones en el mismo periodo de 2023 a US$1.295,56 millones.
Impacto económico de la caída de la inversión extranjera en la minería de Colombia
Esta dramática reducción refleja el impacto de una creciente incertidumbre normativa y económica en el país, según advirtió Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
El dirigente atribuyó esta situación a nuevas políticas implementadas por el gobierno, como el polémico Decreto 044, que establece criterios para identificar y delimitar reservas naturales temporales, así como a las decisiones de autoridades indígenas con competencias ambientales. “Estas medidas afectan directamente la autonomía de los territorios y generan barreras para las inversiones”, afirmó.
En un año marcado por la desaceleración económica y debates sobre la transición energética, las cifras de producción minera tampoco parecen dar un respiro. Para el cierre de 2024, se proyecta una producción nacional de apenas 3 millones de toneladas de carbón, además de una cifra similar para otros minerales.
Aunque estos números se mantienen dentro de lo esperado, la caída en la inversión extranjera plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sector a largo plazo.
De acuerdo con Nariño, las decisiones del gobierno y el contexto global han influido negativamente en la percepción de riesgo de los inversionistas. “La minería es clave para la economía nacional, pero sin condiciones claras, los inversionistas buscarán otros destinos. El 97% del territorio colombiano sigue sin explorar; si no conocemos nuestra riqueza, no podemos proyectar un futuro”, subrayó.
A pesar del panorama sombrío, Nariño destacó oportunidades para el próximo año, siempre y cuando se logre consenso en torno al paquete regulatorio presentado por el gobierno. Este incluye la creación de una nueva empresa estatal minera, Ecominerales, el desarrollo de un nuevo Código Minero, y otras disposiciones dirigidas a modernizar el sector.
“El reto para 2025 será recuperar la confianza del sector privado, especialmente en exploración, que es la base para atraer nuevos proyectos”, señaló. Además, insistió en la necesidad de un plan de reactivación económica en el que la minería juegue un papel central, recordando que las empresas del sector han inyectado más de $14 billones a pequeñas compañías este año, un monto superior a lo recaudado por la reciente reforma tributaria.
Antioquia, el mayor productor de oro del país, también enfrenta desafíos particulares. Aunque los precios del oro han alcanzado niveles históricos, acercándose a los US$3.000 por onza, este repunte podría tener un efecto adverso al incentivar la minería ilegal.
“La extracción ilícita de oro es un problema crítico en Antioquia. Si no fortalecemos la institucionalidad y promovemos la formalización del sector, podríamos enfrentarnos al mayor crimen ambiental y deterioro social posible”, advirtió Nariño.
Asimismo, destacó la necesidad de fomentar encadenamientos productivos e impulsar la legalidad como pilares para el desarrollo de la industria aurífera en la región.
El desplome de la inversión extranjera en minería es un reflejo de los desafíos que enfrenta Colombia en un momento de transición energética y ajustes normativos.
Aunque el gobierno tiene en sus manos la oportunidad de establecer condiciones favorables para reactivar el sector, los riesgos asociados a la ilegalidad, la falta de exploración y la incertidumbre política podrían socavar el futuro de esta industria estratégica.
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