Por: Juan Carlos Archila Cabal, presidente de América Móvil y VP Ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil
La mitad de la población mundial, más de 3,600 millones de personas, aún no tienen acceso a Internet. Colombia no es ajena a esa realidad aunque si está significativamente más atrasada que países pares en la región. Agrava más aún esta situación el bajo nivel de apropiación de nuestro país, es decir, la falta de habilidades de aquellos usuarios, que a pesar de que cuentan con cobertura del servicio de Banda Ancha en su lugar de vivienda y de trabajo, no les permite aprovechar positivamente la tecnología. Eso es, según datos del propio Ministerio de las Tecnologías de la Informática y Comunicaciones –MinTIC-, más de 20 millones de colombianos que hoy están marginados de los beneficios económicos y en su calidad de vida, por falta de cobertura a la red global o porque simplemente aún no son ciudadanos digitales.
El Gobierno y el sector privado tienen la obligación moral de colaborar para crear las condiciones y realizar las inversiones billonarias que se requieren para superar esta gran limitante para el desarrollo y competitividad del país. Según estimaciones del área responsable del Desarrollo de la Economía Digital del Departamento Nacional de Planeación, para lograr la brecha digital se requerirán inversiones por más de 90 billones de pesos en la próxima década. Sí, ¡eso son 90 millones de millones de pesos en 10 años! ¡Cifra en el rango del gasto de la Nación en un año!
Colombia debe recuperar e inclusive sobrepasar, por mucho, el régimen de inversión del sector privado en el sector de los años recientes para el despliegue de redes modernas que ofrezcan servicios de alta calidad a precios accesibles para los usuarios.
El proyecto de Ley de Modernización de las TIC, presentado por el Gobierno Nacional, y recientemente aprobado por el Congreso, responde a esta necesidad y su sanción presidencial no admite dilaciones resultado de interés particulares. Nueve meses de discusión en el Congreso y de socialización del MinTIC de los beneficios de esta Ley ya fueron un altísimo precio que ha pagado el país. Bondades del Proyecto como la extensión de los tiempos de asignación del espectro, redefinir este como un bien público que se debe poner al servicio de los colombianos y la unificación de los fondos del Ministerio, le permitirá focalizar los esfuerzos en reducir la brecha de conectividad, buscando recuperar el tiempo perdido que ha marginalizado a las poblaciones más vulnerables por la falta de acceso al servicio de Internet de Banda Ancha.
Esto, sin duda, mejorará la vida de los colombianos en áreas como la educación, salud, servicios financieros, el empleo, e inclusive la misma democracia, entre muchos otros campos. Así lo reconocen las metas de Desarrollo Sostenible – conocidas como SDGs por sus siglas en inglés- de las Naciones Unidad, que incluyen un indicador específico para asegurar la inclusión universal y accesible al Internet.
No hay tiempo que perder. Es preciso dar paso a la nueva institucionalidad del sector, definida también por este proyecto de Ley, en forma inmediata, dedicando todos sus esfuerzos a crear la normatividad para asignar eficientemente el espectro, que facilite el despliegue de las redes, mejore la accesibilidad de los usuarios a la tecnología y a los servicios de datos, desarrolle las habilidades para que los colombianos usen la tecnología en forma productiva, se creen contenidos y servicios relevantes, y asegure la tranquilidad y seguridad necesarias en la ciudadanía en el uso de Internet.
Hora de conectar ya a todos los colombianos que aún están desconectados.
Posición de Claro frente a la dominancia, publicado el 13 de junio de 2019
Invertimos y competimos por el mercado y los usuarios.
-Tener empresas que invierten beneficia al consumidor, al país y al sector.
-Seguiremos trabajando en pro del desarrollo del sector. Para nosotros Colombia es un mercado estratégico.
-La máxima autoridad de competencia desestimó la existencia de dominancia.
En Claro creemos que el mercado no se reparte ni se distribuye, se gana o se pierde producto de la competencia y por ello invertimos, trabajamos y nos fortalecemos día a día para ofrecerle más a los usuarios. El usuario es quien debe elegir.
Resulta absurdo que algunos competidores de Claro busquen que la regulación les regale lo que deberían ganarse compitiendo en el mercado. Nos preguntamos si lo que buscan realmente es promover la competencia o más bien que la regulación evite que tengan que realizar las inversiones necesarias para igualar o mejorar las ofertas de Claro.
En Claro creemos que no se debe castigar al que se esfuerza e invierte. Claro ha invertido cerca de 15 mil millones de dólares desde su arribo al país, un 60% del total de inversiones en el sector, llegando a un promedio de inversiones anuales de $900 millones de dólares entre los años 2012 al 2016.
No debe perderse de vista que los competidores de Claro también son empresas multinacionales, con presencia en múltiples países de la región y con escala comparable a la de Claro. Nada les impide invertir en Colombia al mismo nivel.
Estamos convencidos que el mejor juez de la competencia es el usuario, que elige la oferta que más le conviene. Cuando se busca que la regulación reemplace la elección del usuario se distorsiona la competencia y se afecta el bienestar del consumidor. La función del regulador es promover la competencia; no proteger de la competencia a ningún competidor, menos en un sector fundamental para el desarrollo de la economía.
Por esta razón, la máxima autoridad de competencia, al analizar la actuación de la CRC señaló que “…para esta Superintendencia no resulta suficiente el soporte probatorio a efectos de acreditar que COMCEL cumple con todos y cada uno de los elementos que permitan su calificación como operador con posición de dominio en el mercado de “Servicios Móviles”, en los términos y condiciones establecidos por la misma CRC”.
Claro es respetuoso de las autoridades y solicita que esta actuación sea analizada con rigor, decidida con evidencias sólidas, en observancia de la ley y en ningún caso, bajo presiones mediáticas o políticas.