Procuraduría destituyó e inhabilitó a Juan Pablo Bocarejo

Foto: Kienyke.com

La drástica sanción al secretario de Movilidad de la capital colombiana se dio por presuntas irregularidades en los contratos de semaforización inteligente en la ciudad.


Por: Redacción 360 Radio

A menos de 5 meses para terminar su mandato, la administración de Enrique Peñalosa sufrió un duro golpe.

Este miércoles se que conoció que Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) de la ciudad.

Además de Bocarejo, la sanción también cobijó a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, así como a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal.

De acuerdo con el fallo en primera instancia del órgano de control, Bocarejo no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación.

La Procuraduría señaló que hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor.

Además, la Procuraduría señaló que la Secretaría de Movilidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para el SSI, contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento, lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico.

Para el Ministerio Público esa situación genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico, que son consecuencia de la falta de planeación en la contratación del SSI.

La conducta de los tres funcionarios fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.