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El 30 de septiembre se conoció que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro solicitó orden de arresto por 2 días contra Rodrigo Hernández y la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de este municipio del oriente antioqueño, todo por el presunto desacato de una acción tutela.
Por: Redacción 360 Radio
La decisión fue apelada por el mandatario resultando anulada por un Juez Segundo Penal de Rionegro, quien ratificó que la administración municipal sí dio respuesta a la solicitud en los tiempos que dicta la ley, declarando la nulidad de la orden de arresto contra el alcalde y su secretaria.
El fallo de tutela tiene origen en la exigencia de la vinculación laboral del funcionario Carlos Enrique Palacio Zuluaga en un cargo equivalente o similar al que venía ocupando, luego de participar en una convocatoria de concurso público de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Hernández agregó que el deber de la administración es proteger los derechos de los funcionarios que ingresan y también de los que salen, además de acatar con respeto las decisiones que vienen desde estas entidades.
LEER TAMBIÉN: Tasa de desempleo sigue bajando, para agosto se ubicó en 10,6%
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El 30 de septiembre se conoció que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro solicitó orden de arresto por 2 días contra Rodrigo Hernández y la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de este municipio del oriente antioqueño, todo por el presunto desacato de una acción tutela.
Por: Redacción 360 Radio
La decisión fue apelada por el mandatario resultando anulada por un Juez Segundo Penal de Rionegro, quien ratificó que la administración municipal sí dio respuesta a la solicitud en los tiempos que dicta la ley, declarando la nulidad de la orden de arresto contra el alcalde y su secretaria.
El fallo de tutela tiene origen en la exigencia de la vinculación laboral del funcionario Carlos Enrique Palacio Zuluaga en un cargo equivalente o similar al que venía ocupando, luego de participar en una convocatoria de concurso público de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Hernández agregó que el deber de la administración es proteger los derechos de los funcionarios que ingresan y también de los que salen, además de acatar con respeto las decisiones que vienen desde estas entidades.
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