El Grupo Keralty, matriz de Sanitas EPS, elevó un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla sin dilaciones el fallo de la Corte Constitucional que declaró nula la intervención forzosa sobre la entidad. La compañía advirtió que la desobediencia a la decisión judicial sería “un nuevo golpe al Estado de derecho” y exigió una reparación por los daños ocasionados a su red de atención y a millones de usuarios.
La organización recordó que la EPS estuvo bajo intervención durante 17 meses, en lo que calificó como una medida “ilegal, arbitraria y profundamente injusta”, que dejó secuelas no solo en el modelo de atención, sino también en la confianza de los pacientes.
“Tras tres años de lucha diecisiete de ellos bajo una intervención que nunca debió ocurrir, la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado. Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de lo sucedido, sino que revela una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”, señaló Keralty en un comunicado.
Keralty reclama cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional y reparación por la intervención en Sanitas EPS
De acuerdo con la holding, lo ocurrido con Sanitas EPS no fue un error administrativo, sino un ataque directo contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La compañía sostuvo que la intervención deterioró la calidad del servicio y profundizó la crisis del sistema.
“La actitud irresponsable del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud, provocó un dolor silencioso que en muchos casos dejó consecuencias irreparables. Pacientes abandonados, escasez de medicamentos y redes de atención colapsadas son parte del legado de una supuesta transformación improvisada y sin humanidad”, enfatizó.
Cinco exigencias centrales
En su pronunciamiento, Keralty presentó un pliego de demandas al Ejecutivo, que considera indispensables para restituir la confianza en el sistema de salud:
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Cumplimiento inmediato e integral del fallo de la Corte Constitucional, como obligación legal y moral.
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Reparación efectiva e inmediata de los daños a la red de atención, al personal médico y a los usuarios afectados.
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Pago de las deudas pendientes y garantías de estabilidad financiera para las EPS, con el fin de asegurar la continuidad del servicio.
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Cese definitivo de las campañas de desinformación que, según la compañía, buscan dividir a la ciudadanía y generar temor.
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Implementación de salvaguardas institucionales vinculantes para evitar nuevas intervenciones arbitrarias en el futuro.
Aunque el conglomerado subrayó que no busca venganza, sí insistió en la necesidad de establecer responsabilidades.
“Exigimos que quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia respondan ante los tribunales. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”, puntualizó Keralty.
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