Confidenciales 360
El exministro de Agricultura, y quien fuese la ficha principal o el aliado más sincero de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, puede caer mal ante la opinión pública. Inclusive, en una entrevista que le hizo un reconocido periodista a nivel nacional le preguntaba a Arias, hace más de cuatro años, que si él no consideraba que lo que le estaba pasando era por su manera de ser prepotente durante el ministerio. Arias respondió que no conocía que existiera un delito nuevo en Colombia que fuera ser aparentemente prepotente.
Como se dice, puede tener opiniones divididas en el público político, pero en un país, en un Estado de Derecho no se debería juzgar a una persona por su ideología, por las posiciones que ha ocupado en el espacio público, sino por los delitos que cometa o en su defecto por las faltas disciplinarias en las que se vea coludido, y es que la desproporción en el caso de Andrés Felipe Arias se nota, en primer lugar, en el tamaño de su condena: 18 años por parte de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta certificados no solamente de la Contraloría de que no se robó un solo peso, sino un fallo reciente de la Comisión de Derechos Humanos de la Onu, en donde dice que Arias tiene derecho a una segunda instancia en que la Corte se niegue tajantemente.
Hace pocos días, Arias reveló que sí se le han otorgado todas las garantías procesales a ‘Jesús Santrich’, y que en cambio a él no. También deja entrever que si él hubiera pertenecido a un grupo armado le hubiera ido mejor y que seguramente no exageraría.
Dice Arias: «¿Qué hubiera sucedido si el dictamen de Naciones Unidas que ordena el Estado colombiano a concederme una segunda instancia y a restaurar los derechos políticos no hubiera sido a mi favor sino a favor de ‘Santrich’, de Petro o de Iván Cepeda? Supongo que se habría movilizado todo el aparato institucional y judicial del país para cumplir el dictamen sin demora alguna».
Hay abogados de todas las tallas que han concordado en que el trato que se le da a Arias es injusto, que el Gobierno debería hacer muchos más, que la Corte Suprema de Justicia está cayendo en un grave error y fuera de eso el mensaje que se la está mandando a la población colombiana, a los niños, es nefasto. Y es que es más rentable ser un delincuente o guerrillero que haber cometido, aparentemente, un error administrativo como ministro de un país, lo cual ante toda lógica humana es inadmisible.