Colombia tiene 19 días festivos en 2026, más que cualquier otro país de la OCDE. Le siguen Japón y Lituania, con 17; Eslovaquia, con 15. En el otro extremo están Canadá, con 4; Suiza, con 5; y Alemania, Dinamarca, México y Suecia, con 7. En el ranking mundial, que sí incluye países fuera de la OCDE, Colombia queda entre los puestos 15 y 16, detrás de Myanmar (30), Bangladés (29) y Sri Lanka (25), pero lejos, muy lejos, de cualquier economía desarrollada con la que nos gusta compararnos cuando hablamos de salarios, de pensiones o de infraestructura.
Frente a esto, la respuesta reflexiva de siempre: «¿es que no queremos descansar?». Es una pregunta legítima que merece una respuesta seria, no un regaño. Y la respuesta seria empieza por separar dos cosas que en Colombia se han vuelto sinónimos sin serlo: estar fuera del puesto de trabajo y ser productivo. Este editorial no pide que la gente trabaje más. Pide que se mire de frente un problema que ya no es solo de calendario, sino de plata: el momento exacto en el que el país decidió encarecer aún más la operación formal es, quizás, el peor momento posible para hacerlo.
Vale la pena detenerse en cómo se llegó a esos 19 festivos, porque el último en sumarse no es un dato menor. Se trata de la Ley 2578 de 2026, sancionada por el propio presidente Gustavo Petro, que declaró el 9 de julio como el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona religiosa de Colombia, y que este año se trasladó al lunes 13 de julio por la Ley Emiliani. La ley fue sancionada en plena recta final de la campaña presidencial, y hoy cursa ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona si el Estado, que la Constitución define como laico, puede consagrar por ley el descanso obligatorio de todo el país en honor a una advocación religiosa específica. Ese es, literalmente, el festivo número 19 que puso a Colombia en el primer lugar de la OCDE: no nació de un consenso técnico sobre productividad o bienestar, sino de una decisión política, tomada meses antes de una elección, cuyo costo en nómina ya está corriendo desde este mismo mes.
El momento no podría ser peor
Mientras se discuten festivos y puentes, la economía colombiana enfrenta tres presiones simultáneas que rara vez se ponen sobre la misma mesa. La inflación anual cerró junio de 2026 en 6,14%, la cifra más alta desde julio de 2024, muy por encima de la meta del 3% del Banco de la República, con restaurantes y hoteles subiendo 9,59% y salud, 8,39%. El Banco de la República respondió subiendo su tasa de interés en 75 puntos básicos, hasta el 12%, la más alta en dos años, justificada explícitamente en el deterioro de las expectativas de inflación. Y sobre ese mismo tablero, desde el 1 de julio de 2026 el recargo por trabajar en domingo o festivo subió de 80% a 90% del valor de la hora ordinaria, camino al 100% en 2027, la jornada máxima legal bajó de 44 a 42 horas semanales desde el 15 de julio, y la jornada nocturna, que ahora empieza a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m., amplió el rango de horas con recargo del 35%.
Crédito más caro, inflación que no cede y nómina más costosa, todo al mismo tiempo. A ninguna empresa, y mucho menos a una pequeña o mediana, se le puede pedir que absorba esas tres presiones a la vez sin que algo se rompa: el empleo, los precios o la inversión. De hecho, ya se está rompiendo: según una encuesta reciente entre empresarios, el 61% reporta que sus costos laborales aumentaron de forma significativa y otro 32% de forma moderada; el 80% ya ajustó sus planes de contratación para lo que resta de 2026 y apenas un 3% proyecta aumentar personal. Las estrategias más citadas para absorber el golpe son automatización (25%), incremento de precios (23%) y reducción de personal (22%).
El caso de la vigilancia, en carne propia
Ningún sector ilustra mejor esta acumulación de costos que el de la vigilancia y seguridad privada, que opera por definición 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, incluidos los 19 festivos. Prestar el servicio de vigilancia ya cuesta 32% más que hace un año, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, según cálculos del propio sector. El Banco de la República estimó que la reforma laboral podría costarle al país 454.000 empleos formales, de los cuales cerca de 18.000 corresponderían solo al sector de seguridad privada, que hoy emplea a unas 400.000 personas y que gremios como el de vigilancia han advertido que ven en riesgo. En Bogotá, solo en conjuntos residenciales y edificios, se ha hablado de hasta 45.000 vigilantes cuyo empleo podría no sostenerse bajo la nueva estructura de costos. No es un sector marginal ni anecdótico: es el que cuida las calles, los conjuntos, las empresas y los barrios de millones de colombianos, y es el primero en sentir, en la nómina, cada punto adicional de recargo dominical y cada festivo nuevo que se agrega al calendario.
Y la vigilancia no está sola. Cualquier operación continua, manufactura, logística, salud, comercio, centros de contacto, enfrenta hoy la misma disyuntiva sin salida cómoda: o paga el recargo del 90% por operar en festivo, o reorganiza turnos con menos personal disponible y más restricciones legales, o sencillamente detiene la operación ese día y asume la pérdida de ingresos. Ninguna de las tres opciones es gratuita, y las tres terminan, tarde o temprano, trasladándose a precios más altos, a menos contratación formal o a cierre de operaciones. No es casualidad que restaurantes y hoteles, el sector que en teoría más se beneficia del turismo interno que generan los puentes, sean, al mismo tiempo, el rubro con la mayor inflación anual del país.
El dato que de verdad debería doler
Ahora bien, el argumento no sería completo si Colombia trabajara poco y por eso le fuera mal. Es lo contrario, y ahí está la parte más incómoda del debate. Colombia es, según la OCDE, el país que más horas trabaja al año entre sus miembros, alrededor de 43 horas semanales en promedio, por encima de México y Costa Rica, y, al mismo tiempo, el país con la productividad más baja por hora trabajada de todo el organismo: apenas 21 dólares de PIB generado por hora, frente a un promedio OCDE de 71 dólares, y muy por debajo de Nueva Zelanda, Corea del Sur, Hungría o Polonia, todos por encima de los 54 dólares. Colombia es también la nación de la OCDE donde un trabajador necesita más horas, unas 86, para ganar apenas 1.000 dólares.
Ese es el verdadero diagnóstico: no es que falte descanso, ni que sobre trabajo. Es que cada hora que un colombiano pasa sentado, trabajando o legislando sobre cuándo no trabajar, genera menos valor que en casi cualquier otro país comparable, y la respuesta de política pública ha sido, sistemáticamente, sumar más días no laborales y más recargos, no resolver por qué cada hora rinde tan poco.
Lo que otros países hacen distinto
Los países más productivos del mundo no trabajan necesariamente más horas ni tienen calendarios más ligeros en días de descanso; lo que hacen distinto es cómo organizan ese tiempo. Muchas economías europeas de alta productividad concentran el descanso en bloques vacacionales largos y continuos, tres o cuatro semanas seguidas, en lugar de fragmentarlo en decenas de puentes dispersos, como ocurre en Colombia desde que la Ley Emiliani, en 1983, empezó a trasladar festivos al lunes más cercano para crear fines de semana largos. Eso explica, en parte, por qué tantos colombianos que hoy trabajan con multinacionales conocen de primera mano el desconcierto de sus colegas en el exterior al enterarse de cuántos festivos tiene el calendario colombiano: no por envidia al descanso, sino porque no logran entender cómo se planifica una operación, una entrega o un cierre financiero con tantas interrupciones repartidas de forma tan irregular a lo largo del año, y ahora, además, con recargos que suben cada 1 de julio.
No se trata de eliminar festivos de un plumazo ni de pedirle a nadie que trabaje más horas. Se trata de exigir que, antes de seguir subiendo recargos o de plantear nuevos días cívicos, el país haga la cuenta completa: cuánto cuesta cada festivo adicional en un entorno de inflación al 6,14%, tasas de interés al 12% y una reforma laboral que ya está costando empleo formal en sectores como la vigilancia. Y se trata de poner sobre la mesa alternativas técnicas y serias: reagrupar los puentes dispersos en periodos vacacionales más largos y predecibles, dar más flexibilidad a los sectores de operación continua para gestionar los recargos sin destruir empleo, y frenar la costumbre de usar el calendario festivo como respuesta política fácil a un problema que en realidad es de productividad estructural.
Colombia no tiene que demostrar que sabe descansar; ya lo hace más que casi cualquier país desarrollado. Lo que tiene que demostrar, con urgencia y en medio de un ciclo económico que ya está apretando a las empresas formales, es que puede ser productiva sin que cada solución termine escrita en la nómina de quien genera el empleo.