La economía colombiana ha sobrepasado diferentes crisis y adversidades, tal y como lo fue la devastadora pandemia del COVID-19, estallidos sociales y la incursión del primer gobierno de izquierda en Colombia. El sector empresarial del país ha tenido que transformarse de acuerdo a las diferentes circunstancias y fenómenos, pero aun así, a la fecha, los indicadores económicos no son para nada alentadores. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que este trimestre la economía colombiana decreció un 0,3 %, comparado con el mismo periodo del año pasado, lo cual, por supuesto, desconcierta a inversionistas y en general al empresariado colombiano.
Frente a esta situación, surgen diferentes interrogantes sobre las causas que han generado ese decrecimiento. Entre esos, ¿cuál ha sido el papel del Gobierno en temas económicos, y cómo ha sido la relación con el sector empresarial del país? Pues para nadie es un secreto que las diferentes reformas y proyectos de Ley que actualmente son impulsados por el presidente Petro y sus funcionarios, han generado temor dentro de todas las esferas sociales y económicas de la nación. Tal es el caso de los irrisorios impuestos que planean implementar a través de la reforma tributaria; la cada vez más aguda crisis en la salud, que pretende ser saneada con una reforma que tiene grandes reparos por parte de expertos en el sector. A nivel minero, el gobierno pretende también que de un día a otro el país desista de todos los proyectos que mantienen importantes cifras en el presupuesto nacional, y la más cuestionada reforma del sector empresarial, la laboral, la cual, en términos económicos, genera malestar en las diferentes industrias y, en general, en todo el empresariado del país.
El gobierno y el empresariado
El gobierno ha atribuido el decrecimiento económico a los pobres resultados del sector de la construcción en el país. Según el Ministro de Hacienda, la mayor responsabilidad recae en el sector privado, que tiene a su cargo la construcción de diversos proyectos de ingeniería y vivienda en la nación. El estado, por su parte, se limita a entregar subsidios de vivienda, como señaló el ministro. Esto, desde luego, no proporciona solución alguna para la reactivación de este sector económico, donde tanto organismos de orden público como privado deben trabajar de la mano para impulsar la economía y brindar a los ciudadanos mejores oportunidades de vivienda, de obras que mejoren la calidad de vida y de impulso a la economía del país.
Por un lado, y no menos importante, la deteriorada percepción que el gobierno tiene entre los empresarios y la población en general. Por un lado, están quienes nunca consideraron la propuesta de Gustavo Petro como una garantía para impulsar el crecimiento económico y las actividades empresariales del país. Y, por el otro lado, aquellos que respaldan las ideologías gubernamentales y se encuentran inquietos por la inestabilidad en el gabinete y las luchas internas dentro del partido de gobierno, generando una preocupación generalizada.
En la actualidad del país, se hace imperiosa la necesidad de buscar consensos entre el sector gremial, empresarial y demás sectores que impulsan la economía del país, para que de esta manera se puedan impulsar diferentes acciones que aceleren y protejan el buen desarrollo de la economía del país. Del éxito de las relaciones del sector privado y público, serán los principales beneficiados los ciudadanos, agremiaciones e instituciones sin importar la índole, quienes hoy ven con gran preocupación la ruptura en la comunicación del estado y el sector empresarial.
Este contenido hace parte de la octava edición de Revista 360 que cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.
Lea también: Gustavo Bolívar hace presión al Banco de la República para la firma de un ‘acuerdo nacional’ que reduzca las tasas