Hay un dato que resume mejor que cualquier discurso los últimos cuatro años de gobierno: en 2026, uno de cada tres pesos que recauda el Estado colombiano se destina al pago de intereses de la deuda pública. No va a hospitales, ni a carreteras, ni a educación. Se destina a cubrir el costo de lo que se pidió prestado para sostener un modelo que prometía redistribuir la riqueza y terminó ampliando la carga de la deuda.
Colombia llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una situación fiscal que resulta preocupante cuando se examina con rigor, aunque el gobierno saliente haya optado por restarle gravedad. La deuda pública del Gobierno central ya supera el 57% del PIB. El déficit fiscal alcanzó el 6,4% del PIB en el último año, ubicándose entre los más altos de la región. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste de al menos 32 billones de pesos para estabilizar las cuentas.
A esto se suma un deterioro evidente en la confianza inversionista. La inversión extranjera directa, que en el primer trimestre de 2023 superaba los 4.100 millones de dólares, cayó a 2.129 millones en el mismo periodo de 2026. En otras palabras, se redujo a la mitad. Al mismo tiempo, la economía creció apenas un 2,6% en 2025, una cifra baja para un país con la capacidad productiva, los recursos naturales y el bono demográfico de Colombia.
Ese es el punto de partida. No es una interpretación política, es la realidad económica que recibirá el próximo gobierno.
Frente a este escenario, la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo no se limita a una propuesta electoral, sino que constituye una respuesta estructurada a un problema concreto. Parte de su fortaleza radica no solo en el contenido del programa, sino en la experiencia de quienes lo lideran. De la Espriella conoce de primera mano lo que implica crear empresa, generar empleo y operar en un entorno regulatorio cambiante. Restrepo, por su parte, aporta la experiencia técnica de haber dirigido la política económica desde el Ministerio de Hacienda y el de Comercio, y entiende cómo leen a Colombia los mercados, los inversionistas y las calificadoras de riesgo.
Esa combinación se traduce en una visión clara: Colombia necesita volver a crecer, y para crecer necesita recuperar la confianza. El diagnóstico es directo. El país ha expandido el tamaño del Estado sin lograr mejorar su eficiencia, mientras ha debilitado los incentivos para la inversión privada, que es la que realmente genera empleo sostenible.
Por eso, el programa plantea una transformación de fondo. Reducir el tamaño del Estado en un 40%, pasando de 19 a 10 ministerios, simplificar la regulación, eliminar trámites innecesarios, ordenar el sistema tributario sin aumentar la carga impositiva y reactivar sectores estratégicos como el energético forman parte de una estrategia orientada a liberar la capacidad productiva del país. Este no es un camino improvisado; es el mismo enfoque que han seguido economías que lograron crecer de manera sostenida y reducir la pobreza con resultados verificables.
Asumir este rumbo implica reconocer algo fundamental: ordenar la economía requiere decisiones firmes. Un ajuste fiscal de 32 billones de pesos exige disciplina y coherencia. Reducir el tamaño del Estado implica reorganizar estructuras que hoy son ineficientes. Recuperar la inversión extranjera requiere señales claras, consistentes y sostenidas en el tiempo. Y reactivar sectores clave demanda reglas estables que permitan planear a largo plazo.
Nada de esto es accesorio. Todo es necesario.
Durante años, Colombia ha oscilado entre expandir el gasto público como respuesta a cada problema o posponer las decisiones de fondo. El resultado está a la vista: más deuda, menor crecimiento y una confianza erosionada. Por eso, el debate real no es entre más o menos Estado, sino entre un Estado que facilite el crecimiento o uno que lo obstaculice.
En ese contexto, la propuesta de De la Espriella y Restrepo ofrece una hoja de ruta coherente con la magnitud del desafío. Se centra en disciplina fiscal, promoción de la inversión, estabilidad normativa y eficiencia del gasto público. No se trata simplemente de reducir, sino de ordenar y hacer funcional al Estado para que cumpla mejor su papel.
La economía no responde a discursos, responde a señales. Y las señales que envíe el próximo gobierno serán determinantes para definir si Colombia retoma una senda de crecimiento sostenido o continúa perdiendo dinamismo.
Recuperar la confianza no es un acto declarativo, es un proceso que se construye con decisiones consistentes. Y esas decisiones empiezan por reconocer la dimensión del problema y actuar en consecuencia.
Por: Andrés Gaviria Cano
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