El hecho: Fenalco cuestionó varios apartados del Decreto 0552 de 2026 y advirtió posibles efectos sobre las empresas colombianas.
¿Por qué es importante? Porque el debate involucra temas relacionados con seguridad jurídica, debido proceso y las facultades regulatorias del Gobierno.
¿Cuál es el contexto? El decreto establece lineamientos en materia de empresas y derechos humanos para entidades de la Rama Ejecutiva.
¿A quiénes afecta y cómo? A las empresas de distintos sectores económicos, que podrían verse sujetas a nuevas obligaciones o mecanismos de supervisión derivados de la norma.
El dato que no se puede perder: Fenalco sostiene que algunas disposiciones del decreto coinciden con aspectos de un proyecto de ley que aún se encuentra en trámite en el Congreso de la República.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su preocupación por el alcance del Decreto 0552 del 1 de junio de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para establecer lineamientos relacionados con empresas y derechos humanos en las entidades de la Rama Ejecutiva. Según el gremio, algunas de las disposiciones incluidas en la norma podrían tener efectos sobre la seguridad jurídica de las compañías y el marco regulatorio vigente.
Fenalco advierte posibles efectos sobre la seguridad jurídica y el debido proceso en el sector empresarial.
La organización señaló que, tras realizar un análisis jurídico del documento, identificó varios artículos que, a su juicio, podrían generar controversias en materia de responsabilidad empresarial, debido proceso y libertad económica. Por esta razón, pidió una revisión detallada de los alcances de la medida y de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano.
Jaime Alberto Cabal afirmó que el decreto introduce mecanismos que, según la interpretación del gremio, excederían las facultades reglamentarias del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que algunas de las disposiciones incluidas en la norma guardan similitud con iniciativas que previamente fueron discutidas en el Congreso de la República y que aún no han culminado su trámite legislativo.
De acuerdo con Fenalco, el antecedente más cercano es el Proyecto de Ley 153 de 2025, radicado por sectores afines al Gobierno y orientado a establecer un marco regulatorio sobre empresas y derechos humanos. El gremio recordó que dicha propuesta continúa en discusión dentro del Legislativo y que durante el debate se plantearon observaciones relacionadas con sus posibles efectos sobre la actividad empresarial.
La organización también indicó que el decreto abre un debate sobre los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno y el papel que corresponde al Congreso en la creación de nuevas obligaciones para el sector privado.
Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la necesidad de avanzar en lineamientos que fortalezcan la protección de los derechos humanos en las actividades empresariales. La discusión ahora podría trasladarse a escenarios jurídicos y de control constitucional, donde se analizará el alcance real de la norma y su eventual impacto sobre las empresas del país.
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