El Congreso de Infraestructura se presenta como uno de los eventos más relevantes para el futuro del país, un espacio donde convergen los sectores que, sin lugar a dudas, más dinamizan y promueven el crecimiento de la economía colombiana. Este congreso, que reúne a actores clave de la construcción, la vivienda y la infraestructura vial, es mucho más que una simple discusión sobre puentes o túneles. Estos sectores son responsables de generar una cantidad significativa de empleos y de inyectar valor en las cadenas productivas a través de cada obra realizada, desde las más pequeñas hasta las más complejas.
Sin embargo, estos sectores han atravesado años difíciles, especialmente desde 2022, cuando enfrentaron desafíos económicos, sociales y políticos que han afectado su capacidad para seguir impulsando el progreso. La infraestructura, no solo como una cuestión técnica, sino también como un motor de bienestar social, se ha mostrado como un detonante indispensable para la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos.
Es increíble, pero aún existen gobernantes y exgobernantes que no comprenden la magnitud de su importancia, afirmando erróneamente que las obras de infraestructura son solo para los más ricos. Esta visión es completamente equivocada: la construcción de infraestructura beneficia especialmente a las clases más necesitadas, no solo a través de la mayor oferta, sino también por los efectos directos durante su ejecución, como la generación de empleo y la dinamización de la economía local.
Es necesario destacar, aunque no debería ser así, la «cuenta de cobro» que Luis Fernando Andrade presentó al presidente Petro debido a las grandes deudas que la ANI mantiene con empresas de todos los tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes. Constructores, interventores y firmas de ingeniería acumulan más de ocho meses sin recibir pagos por varias facturas que reposan en esos despachos públicos. A esto se suma la incertidumbre jurídica y económica, una inflación aún alta y una devaluación preocupante que dificultan el cierre financiero de los proyectos, condición indispensable para iniciarlos.
Además, las altas tasas de interés de los bancos agravan la situación, mientras que el gobierno, bajo la dirección de Gustavo Petro, carece de claridad tanto en el discurso como en la acción respecto a su visión para el sector de infraestructura.
Hace dos años, Petro aseguraba que no se construirían vías 4G ni 5G; ahora, afortunadamente, ha corregido su postura, expresando que sí las desarrollarán. Es positivo este cambio de perspectiva, pero el país no puede caer en la dicotomía planteada por el presidente entre vías o acueductos.
Como señaló el alcalde Federico Gutiérrez en su intervención el pasado viernes, hoy no se tiene ni lo uno ni lo otro. Sería prudente que el presidente tomara conciencia, después de dos años y medio de mandato, de que tiene la capacidad para encaminar o, al menos, dejar planteadas estas obras, en lugar de culpar al sector público por la falta de ejecución.
Los lugares comunes sobre el Chocó y las conexiones viales que debieron construirse pero no se hicieron son una muestra de esta falta de acción. Además, Petro criticó las vías que conectan los grandes centros urbanos con puertos y aeropuertos, argumentando que se construyen con especificaciones técnicas y capacidad de carga que solo benefician a estas áreas. Sin embargo, el presidente no puede pretender que la cadena productiva y competitiva del país siga transportándose a lomo de mula o en trochas, como aún sucede en muchas regiones.
No es necesario politizar ni estratificar el debate sobre infraestructura. Lo que el gobierno podría hacer es establecer una red sólida de vías nacionales de alta capacidad, cuyos peajes generen ingresos que puedan ser reinvertidos en vías secundarias y terciarias, ya sea mediante obras por impuestos o con la inversión de dividendos en proyectos que no tienen atractivo comercial para los privados.
En cuanto al núcleo de las ciudades, se debe reconocer que Cartagena está invirtiendo 400 millones de dólares de recursos propios en infraestructura vial. Una ciudad abandonada en el tiempo, que no solo quedó estática, sino que retrocedió, necesita urgentemente intervenciones serias. Ojalá otras ciudades que han sido «enemigas del cemento» tomen nota de que estas obras son esenciales para mejorar la calidad de vida.
En el caso de Bogotá, Medellín y Cali, es evidente que, aunque las condiciones son precarias, se podrían haber planteado obras viales más ambiciosas en sus planes de desarrollo. Sin embargo, las intervenciones propuestas son mínimas y tardías, quedándose en el letargo del tiempo, sin cambiar significativamente la realidad de sus habitantes.
Como bien dijo Dumek Turbay, alineándose con Alejandro Char: “Ser amigos de la varilla y el cemento”. No se le puede pedir milagros a las comunidades sin infraestructura. Las vías no son un lujo para los ricos, son una necesidad para todos. Desde una moto de policía hasta una ambulancia, un camión de bomberos, un bus, una motocicleta o un vehículo particular, todos merecen transitar por vías decentes, sin huecos, señalizadas, iluminadas, y que, además, contribuyan a un mejor comportamiento vial en Colombia.