El presidente Donald Trump declaró esta semana su «apoyo total y absoluto» a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. La reacción no se hizo esperar: Gustavo Petro pidió a Trump que respetara la soberanía colombiana, dieciséis eurodiputados firmaron una carta de condena, y la izquierda continental encendió sus micrófonos para denunciar lo que calificó como una injerencia inaceptable en la democracia colombiana.
Hay algo profundamente hipócrita en ese escándalo.
Comencemos por lo obvio. El mismo Petro que hoy invoca la soberanía nacional anunció hace apenas unos días que se pondrá personalmente al frente de la campaña de Iván Cepeda. No como ciudadano que ejerce su libertad política, sino como presidente en ejercicio, con todo el poder del Estado, los recursos institucionales y la visibilidad del cargo. Eso no es opinión: es lo que la Comisión de Investigación y Acusación está investigando. Si lo de Trump es injerencia, ¿cómo llamamos a lo de Petro?
Pero el argumento de fondo va más lejos. Colombia y Estados Unidos son aliados naturales. No lo son por capricho ni por imposición: lo son porque comparten intereses estratégicos concretos y profundos. El combate al narcotráfico, la estabilidad regional frente al expansionismo de regímenes como el venezolano, el comercio bilateral bajo el TLC, la inversión que genera empleo colombiano. Que un gobierno en Washington tenga preferencias sobre quién administra esos acuerdos no es una novedad ni un escándalo: es política exterior elemental, la misma que practica cualquier potencia con sus vecinos y aliados.
Lo que sería verdaderamente alarmante —y esto nadie en la izquierda lo dice— es que quienes reclaman estar más cerca del modelo de Maduro, del Foro de São Paulo, de la Cuba que exporta cuadros políticos y del chavismo que financia movimientos sociales en toda la región, descubran ahora, convenientemente, el principio de no intervención. La izquierda latinoamericana no protestó cuando el régimen venezolano respaldó abiertamente a Petro en 2022. No protestó cuando funcionarios cubanos asesoraron procesos de paz en La Habana. No protesta cuando Calarcá —un criminal con fusil— le hace campaña a Cepeda en el Caquetá. Pero se rasga las vestiduras porque Trump dice que prefiere a De la Espriella.
El doble rasero no debería sorprender. Sí debería ser nombrado.
Estados Unidos tiene intereses en Colombia. Es legítimo que los exprese. Lo que no es legítimo es que quienes llevan décadas aceptando —y agradeciendo— la injerencia de regímenes antidemocráticos en nuestra política interna, hoy finjan indignarse porque la mayor democracia del hemisferio tiene una opinión sobre nuestras elecciones.
Colombia decide el 21 de junio. Y lo decide soberanamente. Pero esa soberanía se ejerce en las urnas, no en los discursos de quienes la invocan solo cuando les conviene.
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