Una de las marcas más visibles del comercio textil en Colombia quedó en el centro de una investigación judicial. Se trata de Lili Pink, cadena de ropa interior femenina que en los últimos años logró una expansión acelerada dentro y fuera del país, y que ahora enfrenta un proceso de extinción de dominio por presuntos delitos relacionados con contrabando y lavado de activos.
La indagación, que se extendió durante cerca de cinco años, llevó a la intervención de múltiples establecimientos comerciales en distintas ciudades. Como resultado, el Estado asumió de manera provisional la administración de estas tiendas mientras avanza el proceso contra los responsables de la compañía.
Autoridades avanzan en proceso de extinción de dominio contra tiendas de Lili Pink
De acuerdo con las autoridades, la empresa habría sido utilizada como plataforma para facilitar el ingreso irregular de productos textiles al país, además de permitir la circulación de recursos de origen ilícito dentro del mercado formal. Estas hipótesis hacen parte del expediente que actualmente está en análisis.
Lili Pink fue fundada en 2006 en Bogotá por los empresarios Max Abadi y David Abadi, con el propósito de competir en el segmento de ropa interior femenina. Con el paso del tiempo, la marca amplió su portafolio hacia otras líneas como pijamas, vestidos de baño, maquillaje y productos de cuidado personal, lo que impulsó su posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional.
En Colombia, la operación comercial se desarrolla a través de Fast Moda S.A.S., sociedad constituida en junio de 2020. Esta empresa tiene como único accionista a Bestsea Blue S.A., una firma registrada en Ciudad de Panamá ese mismo año, que inicialmente reportó un capital cercano a los 10 millones de dólares. Sin embargo, registros más recientes, correspondientes a 2025, muestran una variación significativa en ese capital, lo que forma parte del contexto empresarial que hoy es revisado dentro de la investigación.
Desde la representación legal de la compañía han indicado que continuarán ejerciendo su defensa en las instancias correspondientes y que buscarán aclarar las situaciones que dieron origen al proceso. Además, han señalado que existen antecedentes de acciones judiciales relacionadas con la protección del buen nombre de la marca.
El caso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también económicas, debido al impacto que una eventual decisión podría generar sobre el empleo y la operación comercial en varias regiones del país.
Por ahora, las autoridades continúan con la recolección de pruebas y el análisis de la información financiera y operativa de la empresa. El avance del proceso será determinante para establecer responsabilidades y definir el futuro de una de las marcas más reconocidas en el sector retail colombiano.
