El candidato Abelardo de la Espriella abrió ayer un debate que va más allá de las elecciones: el derecho de los ciudadanos a saber en qué condición física y mental llega quien aspira a gobernar Colombia por cuatro años.
La imagen tiene algo de simbólico: a una semana de la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella entró a la Clínica Portoazul de Barranquilla, se sometió a un electrocardiograma en reposo y a una prueba de estrés con ejercicio físico, alcanzó el cien por ciento de su capacidad cardiorrespiratoria, y publicó los resultados sin restricciones. «Debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar», dijo. Lo que comenzó como un gesto de campaña contiene, sin embargo, una propuesta de política pública que merece análisis serio.
En Colombia, un presidente electo asume el cargo el 7 de agosto siguiente a su elección y ejerce durante cuatro años sin posibilidad de licencia temporal por razones médicas debidamente estructuradas en la ley.
Abelardo de la Espriella y una ley que genera polémica en Colombia
El vacío institucional es real: la Constitución de 1991 establece mecanismos para la falta absoluta del presidente la asunción del vicepresidente pero no regula de forma transparente y anticipada el deber del candidato de informar a los electores sobre condiciones crónicas, limitaciones funcionales o tratamientos en curso que puedan afectar el ejercicio del cargo. Los colombianos votan, en buena medida, a ciegas sobre uno de los atributos más básicos de quien aspira a liderar el ejecutivo.
Los precedentes internacionales son contundentes. En Estados Unidos, la tradición de revelar historiales médicos presidenciales data de décadas; si bien no existe mandato legal uniforme, la presión pública y mediática ha consolidado una norma de facto que los candidatos violan a su propio riesgo político. Francia adoptó en 2012 una resolución del Consejo de Estado que, aunque no vinculante, formalizó el escrutinio médico de candidatos. En México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite al INE solicitar información sobre aptitud física y mental en casos justificados. La tendencia global apunta en una sola dirección: la salud del mandatario es un asunto de interés público, no una intimidad protegida sin límites.
En Colombia, la discusión adquiere dimensión particular. Un país con instituciones aún frágiles, donde la figura presidencial concentra poderes ejecutivos considerables, no puede darse el lujo de descubrir a mitad de período que quien toma decisiones sobre la paz, la economía y la seguridad nacional enfrenta limitaciones que los electores ignoraban. La propuesta de De la Espriella de legislar la obligatoriedad de exámenes médicos certificados —realizados por un panel de médicos independientes y con divulgación pública de resultados relevantes— llenaría ese vacío con un instrumento democrático de bajo costo y alto valor institucional. No se trata de vulnerar la privacidad médica del candidato; se trata de distinguir, como lo hacen otras democracias maduras, entre información íntima y aptitud para ejercer un cargo de interés público supremo.
Los retos de implementación son reales pero manejables. Habría que definir qué tipo de condiciones son declarables, quién compone el panel médico para garantizar independencia, y cómo proteger información que no sea relevante para el ejercicio del cargo. Deberá diseñarse un protocolo que evite que la norma se convierta en arma de discriminación o en herramienta de campaña sucia. Nada de eso es insalvable con una ley bien construida, con participación de médicos, juristas y expertos en privacidad. El Congreso que emerja de estas elecciones tendrá en esta propuesta un proyecto legislativo concreto, técnicamente viable y políticamente transversal: la salud del presidente, después de todo, no debería ser un secreto de Estado.
Que esta propuesta haya surgido en plena campaña no le resta mérito analítico.
Las mejores normas democráticas nacen muchas veces de la presión electoral. Lo que importa es si, una vez pasado el 21 de junio, quien llegue a la Casa de Nariño y el Congreso que lo acompañe tiene la voluntad de convertir un gesto de transparencia en ley permanente. Colombia lleva décadas construyendo instituciones. Una ley de aptitud presidencial sería un ladrillo pequeño, silencioso y duradero.
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