La seguridad ciudadana se presenta como una misión imposible para los nuevos alcaldes, sin justicia y cárceles

Se renueva la esperanza con cada nuevo mandatario, pero se olvida que una sola golondrina no hace verano y que muchas ganas, mucha voluntad y buenas estrategias necesitan que algo que no ha venido funcionando en los últimos 20 años funcione, que es la justicia y la seguridad ciudadana.

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Se puede cuestionar a un alcalde o a un gobernador porque haga menos, porque sea inferior al reto de garantizar una protección a las personas, al patrimonio público y a la propiedad privada. Como fue o como fue el caso entre el año 2019 y 2021, donde la ciudadanía estuvo expuesta a una criminalidad incesante, a un gran grupo de delincuentes y a una desconstrucción de propiedad pública como de propiedad privada que avanzó sin ningún impedimento.

Existen alcaldes para los cuales la seguridad no era su prioridad; luego iban dando un discurso contra la fuerza pública y buscaban culpables afuera, sin asumir sus propias culpas, como fue el caso de la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o de Jorge Iván Ospina. Ahora, en donde Colombia ha elegido unos nuevos alcaldes, mucho más comprometidos con la seguridad, o por lo menos eso se refleja en sus intenciones y en el discurso, empieza a verse cómo operativos, retenes, campañas y controles no solamente empiezan a molestar a muchas personas, sino que provocan asonadas increíblemente.

¿Quién lo creyera? Porque hay personas que le tienen miedo a la policía, al ejército y al tránsito. Buena pregunta, claramente retórica y difícilmente de contestar, porque sería muy popular, pero todos sabemos la respuesta. Resulta que los controles que se han querido establecer no solamente están siendo insuficientes, sino que la criminalidad sigue aumentando en las ciudades.

Los fleteos en Bogotá y en Medellín van en aumento, los comportamientos, claramente, que atentan contra las normas de tránsito siguen en aumento, el asesinato, el secuestro exprés, la extorsión, y ni hablemos de la seguridad rural, donde las FARC y otros grupos delincuenciales y fratricidas siguen patrullando como si nada. Incluso ya se presentan en las estaciones de policía, diciendo: “Aquí los que mandamos somos nosotros”, sin ninguna pena, sin ruborizar, y los alcaldes dicen: “Oiga, ¿qué hacemos?” Porque la justicia, todos los delincuentes que recibimos, pues termina liberándolos y parecen asustados cuando usted ve lo que ha venido pasando en los últimos 15 años, porque así es imposible una reforma a la justicia y porque las excusas siempre son las mismas.

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Las excusas son: no hay cupos en las cárceles, esta es la primera vez que el señor delinque, entonces hay que darle una segunda oportunidad. No, este no es un modelo carcelario, entonces hay que tratar de buscar modelos de justicia restaurativa, como lo ha podido ver el país con el actual Ministro de Justicia, Néstor Ozuna. ¡Qué tremendo aliado tienen los alcaldes con un ministro que dice que es mejor que los ladrones queden afuera y que soltar a los bandidos es porque no hay cupos en las cárceles, que ni más faltaba, que como los vamos a incomodar, metiéndolos en las cárceles! Y ese es nuestro ministro de justicia. En conclusión, este es el mismo círculo vicioso del que hemos hablado.

Los alcaldes y gobernadores pueden capturar a mucha gente, aún con la moral de la policía por el piso, porque la policía también se da cuenta de que sus esfuerzos son completamente invadidos. El ejército puede hacer presencia para disuadir, pero pues tampoco pueden actuar. Fuera de eso, es claro que la justicia en este país no ha dado unos resultados favorables en lo que a la protección de los colombianos se trata. Si fuera de eso, y podría ser peor, entender que los delincuentes quedan libres y salen a vengarse de los policías y los soldados que los capturaron. Incluso en algún juez que sea valiente y trate de encontrar alguna culpa. Pero de ahí más no pasa.

De manera que es bastante complejo todo el panorama que se han encontrado los alcaldes. Un panorama desolador para muchos, muy difícil de intervenir y que los ciudadanos van a seguirles pidiendo resultados. Pero los ciudadanos tienen que entender que si los delincuentes que cogen pues quedan libres por cuenta de que no hay cárceles y no se quiere construir cárceles, y porque no hay cupos, y porque acá con los bandidos que tenemos propio pues hemos recibido a un montón de otros países a los cuales tampoco se les puede llamar por su nacionalidad porque entonces hay algún inconveniente donde se habla de xenofobia y se habla de racismo y se habla de un montón de cosas.

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Pero todos los colombianos somos conscientes de lo que está pasando con migración y sus defectos en la seguridad ciudadana. Aquí no deportamos, no sabemos quiénes son, acá no tenemos control de por donde se mueven. De manera que la tormenta es perfecta, no hay voluntad del gobierno nacional, no hay voluntad de la justicia que se encamine a una reforma al ajusticia. Que vale más un tío al aire y los que van a pagar el pato son los ciudadanos.

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